La tortuosa vía chilena al cambio constitucional

El disenso constitucional en Chile se arrastra desde hace mucho tiempo: con claridad desde 1980 (año en el que la actual Constitución fue redactada y, un año más tarde, plebiscitada de modo fraudulento) y, a decir verdad, desde el golpe de Estado de 1973, momento en el cual la Constitución fue defenestrada por la fuerza (aunque, irónicamente, tanto Salvador Allende como Augusto Pinochet justificaron su actuación en nombre de la Constitución de 1925, para entonces vigente).

Sea cual sea la fecha de origen del disenso, la Constitución de 1980 ha sido siempre un problema: jamás ha gozado de adhesión ni menos de legitimidad (salvo si se entiende por legitimidad ese apego conductual a las normas constitucionales por inercia y facticidad). Pero de patriotismo constitucional a la Habermas o de orgullo, nada.

En su segundo mandato, entre 2014 y 2018, la presidenta Michelle Bachelet ensayó un proceso de cambio constitucional mediante consultas ciudadanas: más de 200.000 personas se involucraron en cabildos y encuentros auto convocados, un bello ejercicio deliberativo gatillado desde arriba que no tuvo consecuencias (salvo la propuesta de borrador de nueva Constitución que la presidenta Bachelet ingresó, como un gesto de compromiso personal, al Congreso finalizando su mandato).

Pocos años más tarde, al calor de las movilizaciones estudiantiles de 2011-2012, las reivindicaciones del movimiento escalaron hasta llegar a un reclamo por una nueva Constitución, pero dicho reclamo no tuvo eco político en la derecha que gobernaba en aquel entonces. Las cosas cambiaron drásticamente con ocasión del estallido social de octubre de 2019, un fenómeno de masiva protesta social que llevó al mundo político a concordar en un itinerario de cambio constitucional, entendido como vía de salida de la crisis. En dicho acuerdo, concurrieron todos los partidos, salvo el Partido Comunista y Convergencia Social (el partido del hoy presidente Gabriel Boric, quien fue sancionado por adherir a título personal a dicho acuerdo).

Ese itinerario se iniciaba con un plebiscito de entrada en octubre de 2020, el que arrojó un categórico 78,28% de aprobación al cambio de Constitución (consignemos que la mitad del electorado no concurrió a votar) y un similar apoyo a una convención constitucional. Tras ese plebiscito, en mayo de 2021 tuvo lugar la elección de convencionales, cuya función sería redactar un nuevo texto: votó tan solo el 43% de los electores, eligiendo a un gran contingente de convencionales independientes provenientes de los movimientos sociales y de la sociedad civil. Dada la elevada abstención de esta elección, varios intelectuales y académicos alertaron sobre los riesgos de sobre-interpretación de los resultados, en un contexto de crítica feroz de los convencionales independientes al imperio derrotado de los partidos (de allí la importancia del eslogan el pueblo unido avanza sin partidos).

Al cabo de un año de trabajo y de un sinnúmero de performances que se movían entre lo identitario y formas excéntricas de charivari, el pueblo de Chile rechazó de modo categórico la propuesta de Constitución (61,89%-38,11%), con una masiva participación (85,7%) derivada de la implementación del voto obligatorio. El resultado fue indiscutible, aplastante.

Tras la derrota del texto de nueva Constitución, el Congreso tomó el control de lo que era cada vez más un problema y aprobó un alambicado proceso de fabricación constitucional, el que consta de tres órganos. El primero es una comisión experta, conformada por 24 miembros de confianza de los partidos con representación parlamentaria (22 juristas, un sociólogo y una periodista), cuya misión es generar una propuesta de nueva Constitución a ser discutida por 50 consejeros constitucionales (quienes serán elegidos al sufragio universal el próximo 7 de mayo). Se suma a estos dos órganos un comité técnico de admisibilidad, cuyos integrantes (14) tiene como función resguardar el respeto de 12 bases constitucionales que fueron concordadas por los partidos con representación parlamentaria.

Como es fácil advertir, se trata de un proceso absolutamente encapsulado, con escasas posibilidades de desbordar los acuerdos previos, aun cuando los 50 consejeros constitucionales elegidos por sufragio universal pueden reivindicar el poder constituyente originario, en la medida en que solo ellos provienen de la voluntad del pueblo para redactar una nueva Constitución. Este último punto pone en potencial tensión el poder constituyente originario con los acuerdos que fueron alcanzados por quienes encarnan el poder constituyente derivado (el Congreso). Desde un punto de vista tanto lógico como doctrinario, el poder constituyente originario no debiese experimentar restricciones a su desempeño. De allí la importancia de conocer a quienes serán los consejeros constitucionales electos el próximo 7 de mayo y cuánta afinidad ellos sostendrán con la propuesta de texto constitucional emanada de los expertos.

En todos los casos, lo que caracteriza el proceso de cambio constitucional chileno es su vía tortuosa. Esta vía describe un problema de fondo: ¿cómo llegar a una norma común en la que quepan todos? ¿Cómo dejar atrás la Constitución pinochetista de 1980 (la que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos en la última ronda de reformas de 2005, cuyo error fue probablemente no haber llevado aquel texto reformado a un plebiscito ratificatorio)? Probablemente, la nueva Constitución será corta, minimalista: es esa posibilidad que sobresale de la primera fase de la comisión experta, cuyos integrantes decidieron generar textos preliminares a través de la regla de la unanimidad en las cuatro comisiones que organizan su desempeño. Esta es una regla original e inteligente, pero que prefigura un texto excesivamente minimalista, en la medida en que en la segunda fase de indicaciones (las que serán aprobadas mediante tres quintos de sus miembros) la unanimidad de origen puede ser alterada por mayorías sustanciales.

Falta aun mucho para que esta original fábrica constitucional concluya. Sin embargo, dada la lógica de encapsulamiento que la caracteriza, existe el riesgo de que los chilenos la rechacen precisamente porque el texto que saldrá de esa fábrica se parezca más a un producto de lujo que a un bien industrial. Puede ser. Pero también puede ser que el texto propuesto concite apoyo en el plebiscito de salida, en la medida en que la inmensa mayoría de los partidos y todo su elenco de senadores y diputados lo respalden. De ser así, se verificaría la ironía de la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.