Chile y su porfía constitucional

De cumplirse los vaticinios de los sondeos, Chile podría romper una tendencia, convirtiéndose en el primer país del mundo en que el texto elaborado por una asamblea constituyente no es aprobado. Hasta el momento, los ejercicios demoscópicos han venido mostrando una distancia entre diez y veinte puntos a favor del “rechazo” frente al “apruebo”, opciones ambas que se dirimirán en un plebiscito, cuyo voto tiene carácter obligatorio, el próximo 4 de septiembre.

Más allá de que exista la posibilidad de reeditar la falla de aspiración predictiva que siempre se les adjudica a las encuestas en casos de plebiscitos, tal como sucedió en los casos del Brexit y los acuerdos de paz en Colombia, merece la pena detenerse en cómo un itinerario constitucional que tenía todo a su favor podría enfrentar un rechazo en las urnas.

La opción de redactar una carta magna que pudiera reemplazar a la vigente en Chile, heredada del régimen militar, fue vista como la única para canalizar un estallido social que, el 18 de octubre de 2019, sorprendió a Sebastián Piñera en el ejercicio de su segundo mandato. En ese momento, la mayoría de los partidos lograron ponerse de acuerdo en torno a la necesidad de impulsar una vía constitucional para apaciguar la espiral de violencia desatada. La elaboración de una nueva carta fundamental ya se había intentado durante el segundo mandato de Michelle Bachelet con un método más bien heterodoxo, una combinación de educación cívica, consultas individuales vía web, encuentros locales autoconvocados y cabildos regionales y provinciales, entre otros procedimientos. La mandataria no tenía muchas alternativas habida cuenta de que el Congreso, un lugar propicio en otros tiempos para emprender la tarea, mostraba niveles de descrédito sin precedentes.

Aunque el resultado de tal ejercicio no se expresó en un recambio de la constitución vigente, si dejó tras de sí un anhelo inconcluso que se aspiraba a concretar con la convocatoria a un plebiscito de entrada, el 25 de octubre de 2020. En él, la ciudadanía apoyó el inicio del proceso, con 78,27%, dando un respaldo aún más contundente de 79,04% a la fórmula de una asamblea constituyente, original para la experiencia chilena. Por si ello fuera poco, dicho órgano logró conformarse con criterio de paridad de género, algo inédito en el mundo, colocando a un país más bien rezagado en relación con sus pares de América Latina en lo que a incorporación de medidas de acción afirmativa para promover la participación política femenina se refiere, en situación de vanguardia.

Frente a la progresiva dilución de las condiciones favorables de partida, los partidarios del “apruebo” han tratado de cerrar la brecha sumando en la campaña el apoyo a diversas figuras internacionales.

Mientras tanto, distintas fuerzas políticas se anticipan al intento de reconducción del proceso constituyente, explorando distintas vías de salida porque, aunque los chilenos encontrarán en la papeleta una alternativa binaria, en la práctica se ha ido instalando la idea de que, cualquiera sea la que gane, será necesario acometer modificaciones al texto. La premura en la prefiguración de escenarios que entreguen certidumbre frente al “día después” de la cita electoral se basa, entre otros factores, en el hecho de que subsiste la ilegitimidad de la constitución vigente promulgada en pleno régimen militar. Si bien fue sometida a reformas de calado en el año 2005 durante el mandato de Ricardo Lagos, al punto que uno de los artífices de la transición a la democracia como Edgardo Boeninger llegó a pensar que éstas habrían borrado su ilegitimidad de origen, tal cosa no ha sucedido.

Más allá de que Chile se está viendo sometido, por las razones que sean, a un procedimiento de elaboración constitucional vía aproximaciones sucesivas, durante el muy seguro tercer intento para alcanzar un resultado que se acerque a la idea de “casa de todos” debiera sopesarse las razones que se han levantado para el rechazo.

Los mayores avances que el texto constitucional traería en materia de reconocimiento de derechos sociales, democracia paritaria, derechos de la naturaleza, desconcentración del poder y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones se ve enfrentado a lo que el historiador Alfredo Jocelyn-Holt resume bien cuando señala que lo que se propone “no desconfía suficientemente del poder ni pretende fiscalizarlo o equilibrarlo”.

Es probable que una parte de los chilenos, tal como argumentan sectores del militantismo constituyente, no aprecien sus bondades por el hecho de haber caído presa fácil de la desinformación y de las noticias falsas que han inundado el debate político. Pero también es altamente probable que haya otros que estén informados de que el mundo asiste hoy día a un declive global de la democracia liberal, advertencia que vienen repitiendo los más prestigiosos estudios de medición de la democracia.

También podrían estar al tanto de que la elaboración de una carta fundamental ha servido, en algunas situaciones, como punto de partida para una regresión democrática. Al conocimiento de lo anterior contribuye, sin duda, el hecho de que en Chile vive hoy día un contingente de venezolanos que, formando parte del mayor éxodo producido en la región en cincuenta años, configuran la mayoría de los extranjeros en ese país.

Otra hipótesis para explorar es el valor que a la democracia le asignan los chilenos, la que pudiera haber calado más hondo de lo que se sospecha en sus universos políticos. Así lo reveló el informe anual de la Corporación Latinobarómetro conocido en 2021 en el marco del 25º. aniversario de sus mediciones en Chile que plantea que, a diferencia de otros países de la región, “a medida que se desencadenaron las distintas crisis sociales aumentó el respaldo a la democracia“. De esta forma, el apoyo a la democracia en 2020 llegó a los niveles más altos en los últimos veinte años, con un 61%. En la actual coyuntura que vive Chile, ¿cómo interpretar tal nivel de apoyo? Para unos, puede ser visto como la profundización de una democracia que busca acercarse a la construcción de un Estado social y de derechos en el país austral de la mano del proceso constituyente. Para otros, tal intento supondría inevitables retrocesos porque, entre otros aspectos, el diseño del régimen político, la que se llama “sala de máquinas” constitucional, no provee de suficientes equilibrios y balances entre los poderes. También, anticipan, podría conducir tanto a que una mayoría ocasional controle la presidencia y la Cámara de Diputados como al riesgo de control político de los jueces a través de una figura, el llamado Consejo de Justicia.

En síntesis, el diseño previsto podría pavimentar el camino a la erosión de una democracia que, como la chilena, ha debido asistir a su caída en cinco puestos en el Índice de Democracia 2021 de The Economist, dejando el grupo de las consideradas “democracias plenas”. De la interpretación del apoyo que los chilenos hacen de la democracia, un ejercicio de no fácil discernimiento por cuanto no está exento de contradicciones, dependerá la etapa que la clase política se encuentra pavimentando para el post 4 de septiembre.