El Parlament ampara a los CDR encarcelados por terrorismo

El Pleno del Parlamento de Cataluña aprobará la próxima semana una resolución que reclama la libertad de los siete CDR encarcelados por la Audiencia Nacional —bajo la acusación de terrorismo y tenencia de explosivos— y en la que se denuncian “constantes vulneraciones de sus derechos fundamentales”. La Mesa de la Cámara ha dado este martes luz verde a la tramitación del texto, y familiares de los encarcelados ofrecieron una rueda de prensa en el Parlament flanqueados por diputados de Junts per Catalunya, ERC y la CUP.

La propuesta de resolución de los tres grupos independentistas saldrá adelante en el Pleno que se inicia el día 11 porque tienen mayoría en la Cámara. La iniciativa se registró el pasado día 29, cuando ya estaba cerrado el orden del día de la sesión plenaria, pero hoy fue admitida su tramitación por el procedimiento “de urgencia extraordinaria” que permite el reglamento de la Cámara.

El pasado 23 de septiembre, la Guardia Civil detuvo a nueve personas en diversas poblaciones catalanas en el marco de una investigación ordenada por la Audiencia Nacional. Fueron acusadas de terrorismo y tenencia de explosivos. Dos de ellos quedaron en libertad con cargos. Desde el primer día, y sin conocer el contenido de las actuaciones judiciales, el independentismo reivindicó su inocencia, hasta el punto de que cuando se conoció el encarcelamiento estaba reunido el Parlament y la mayoría de los diputados secesionistas y miembros del Gobierno de Quim Torra prorrumpieron en aplausos y gritos de “libertad”. Sus familiares y abogados ya denunciaron entonces que se les dificultó la asistencia de abogado y se les negó información de sus derechos y de los cargos que pesaban contra ellos.

Dos de los detenidos admitieron ante el juez la tenencia de explosivos y planes para ocupar el Parlament, aunque aseguraron que no pretendían causar daños, según sus declaraciones que constan en el sumario.

Dentro de esa estrategia política, el Parlament aprobó este martes la tramitación de la propuesta de resolución y abrió su sala de prensa a los familiares, una actuación que el presidente del grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, calificó de “indignante”.

La resolución reclama “la liberación inmediata” de los siete encarcelados y el archivo de la causa ante lo que califican como “más que probable vulneración de derechos fundamentales y sus garantías procesales”. En esa línea, se considera que la investigación judicial es “una causa general, una operación de Estado” contra el independentismo, y se solicita que “organismos o instituciones internacionales y entidades del ámbito de los derechos humanos se impliquen en la investigación de vulneración de derechos que han sufrido los encarcelados”. También se pide que, mientras dure la investigación, los encarcelados sean trasladados a prisiones catalanas y “se acabe el régimen de aislamiento”.

El texto arremete con dureza contra la Audiencia Nacional, de la que se dice que es un órgano “politizado y opaco que ha sido condenado en diversas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no respetar los derechos fundamentales”. También se denuncia “la instrumentalización del delito de terrorismo con finalidades políticas”.

“Son presos y represaliados políticos”, dijo el diputado del ERC Antoni Castellà, exdirigente de la extinta Unió Democràtica. Aurora Madaula, de Junts per Catalunya, denunció la “politización de la justicia española por parte de un Estado que se considera democrático pero que cada día vemos que no lo es”. Los familiares de los encarcelados acusaron a los “aparatos represivos” del Estado de emplear “métodos psicológicos de tortura”.