Madrid carece desde 2004 de unidades de valoración del riesgo de la violencia machista

Aquí se concentran las sedes judiciales específicas de violencia de género. Y desde aquí denuncia el panorama en el que se encuentran los equipos psicosociales, conformados por trabajadoras sociales y psicólogas, que trabajan para esta área de la Justicia. Lo hace junto a María Visitación, otra de las profesionales de este servicio, que recuerda que "Madrid no tiene creadas las Unidades de Valoración Forense Integral, a pesar de que se recogieron en la legislación en 2004". Ambas tienen 14 años de experiencia en su ámbito.

Aquel año, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género recomendó que se crearan estos equipos. El objetivo era poder analizar mejor el riesgo y la peligrosidad de la situación de las mujeres que denuncian violencia machista con la ayuda de especialistas; y aconsejaba que ese grupo de profesionales estuviese conformado por un médico forense, un psicólogo y un trabajador social y que hubiese uno por cada juzgado especializado en este ámbito —bajo el paraguas de los Institutos de Medicina Legal (IML)—, para asesorar a jueces y fiscales sobre la situación y ayudarles a decidir, por ejemplo, la adopción o no de medidas, como órdenes de alejamiento u otras cautelares.

Recursos hay, lo que es necesario es que se destinen bien. De la financiación de este año del Pacto de Estado contra la Violencia de Género [10,2 millones], seis van a ir a publicidad. A publicidad

15 años después, su implantación es desigual, no funcionan en todas las provincias, no lo hacen bajo los mismos protocolos en las que sí existen (aunque hay uno redactado desde 2011) y sufren una carencia de recursos económicos y humanos y de coordinación que profesionales y expertos llevan tiempo denunciando.

"Pero es que Madrid, además, es el único lugar que todavía no tiene ni siquiera instituto del que dependan esas unidades", añade Redondo. El organismo, cuya previsión era que comenzara a funcionar a finales de este año, va con retraso. "Está en pleno proceso de implantación", dijo la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Gobierno regional, Ana Isabel García, en el pleno del pasado jueves en la Asamblea. El mismo pleno en el que se constató que este año, por primera vez en 15 años, la Comunidad no tendrá una declaración institucional contra la violencia machista en el día internacional contra esta lacra. Tampoco la tendrá el Ayuntamiento de Madrid. Para que exista ese posicionamiento institucional, hace falta unanimidad de todos los grupos políticos y Vox, con presencia en ambos Gobiernos, se ha negado.

Visitación asegura que esto no puede tener otra explicación que la "falta de voluntad". "Tienes los profesionales, la infraestructura, la ley que lo regula... Pero no están creadas. Y como no hay unidades, aquí el servicio de psicólogas y trabajadoras sociales funciona en horario administrativo. Punto. No formamos parte de las guardias". Eso sí, en los presupuestos, desde 2016, hay una partida consignada a ello. "Ha habido incluso partidas de refuerzo". Este año, la consigna a esas horas extra es de 243.635 euros. "No se gastaron en 2016 los 160.220 euros, ni tampoco en 2017 los 252.500 euros, ni en 2018 los 80.626 euros. Ni este año se van a gastar ese casi cuarto de millón. Por una sencilla razón: porque no existen esas guardias".

Desde la Consejería de Justicia, de donde llega ese dinero, explican que "se destinan 5,1 millones al personal de estos equipos y se está en negociaciones con los sindicatos para poner en marcha una prueba piloto, una guardia entre semana para ver si se requiere". Explican que esa consigna aparece desde que en 2016 se aprobó en la Asamblea, por unanimidad, una enmienda a los presupuestos para que el dinero de la partida del Centro Asuntos Taurinos se destinase a la formación de jueces en materia de género y a que los expertos psicosociales pudieran tener guardias. Nunca ocurrió y el concepto sigue ahí.

Desprotección legal

"La Administración tiene que ser consecuente y dedicar el dinero a lo que sea más necesario y se requiera. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni el Consejo General del Poder Judicial han dado instrucciones o ha hecho petición expresa de que estos equipos hiciesen guardias", apuntan desde el área de Justicia. Quien sí hizo esa recomendación fue la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2018. Advirtió claramente que el uso de las valoraciones de riesgo de este grupo de profesionales seguía siendo muy escaso: "Se han emitido exclusivamente 175 informes de conformidad con el protocolo [a nivel nacional], 109 menos que en el año anterior y, a todas luces, insuficiente e insignificante si se tiene en cuenta el número de solicitudes en las que su utilización podría haber sido de gran utilidad".

Solo conociendo las circunstancias específicas de cada mujer que denuncia se puede hacer una correcta valoración de su situación y, por lo tanto, de cómo ayudarla Flor Redondo, trabajadora social

Por eso Nuria Benito, psicóloga en estos juzgados desde que se abrieron, en 2005, afirma que esta situación "sin sentido" la tiene "atónita": "La ausencia de esos tres profesionales en conjunto supone una clara desprotección para todos: presuntas víctimas, menores y presuntos agresores". Explica esta experta en psicología clínica y forense que su rama puede "asesorar sobre el riesgo delictivo, hacer un pronóstico del comportamiento para que se entienda la violencia sobre la mujer en las relaciones de pareja, ayudar a comprender la dinámica de este tipo de relaciones y, además, se puede hacer una predicción psicológica del riesgo de esa violencia".

Flor Redondo, la trabajadora social, completa el dibujo: "Desde mi ámbito conocemos el entorno de la supuesta víctima, si tiene o no una red de apoyo, si vive en un clima de violencia, cuáles son sus recursos... Solo conociendo las circunstancias específicas de cada mujer que denuncia se puede hacer una correcta valoración de su situación y, por lo tanto, de cómo ayudarla".

En Madrid, el pasado año fueron 26.965 las mujeres que denunciaron, según la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género; y hubo 5.818 órdenes de protección. "Algo está fallando, sí", apunta Benito, "si al propio aparato judicial se le priva de los recursos necesarios para hacer la mejor valoración posible, puede ocurrir esto, que haya muchas denuncias, pero se pongan pocas órdenes de protección. El sistema falla en la asistencia por la falta de recursos". Visitación añade: "Recursos hay, lo que es necesario es que se destinen bien. De la financiación de este año del Pacto de Estado contra la Violencia de Género [10,2 millones], seis van a ir a publicidad. A publicidad". 

La ausencia de esos tres profesionales en conjunto supone una clara desprotección para todos: presuntas víctimas, menores y presuntos agresores Nuria Benito, psicóloga clínica y forense

Lo que piden, puntualiza Redondo, "ni más ni menos", es que se cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la respectiva Ley. "Que se dé a la lucha contra esta lacra los recursos que requiere", interviene Visitación. "No puede ser que venga una mujer a denunciar, con todo lo que ello supone y lo difícil que es dar ese paso, y tenga que pasar horas esperando para declarar, que si viene después de las tres de la tarde solo esté de guardia el médico forense, que no haya un espacio amable para ella o para los menores si viene con sus hijos... No se puede seguir tolerando esta situación", espeta.

Tampoco con la suya y la de sus compañeras. Recuerda también que ni sus condiciones laborales ni su categoría profesional corresponde al resto del equipo que conforman los juzgados especializados, algo que también reclaman: "Hay gente que lleva más de una década trabajando aquí y sigue siendo personal temporal. Pero, en cualquier caso, quienes sufren más la situación y la inexistencia de las unidades son las mujeres que sufren violencia de género".

Benito, profesora también en la Universidad Complutense y en el Colegio de Abogados, intenta en un momento de la conversación recordar la cifra de mujeres asesinadas que nunca pusieron una denuncia. Según un informe del pasado septiembre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2016 y 2018, de las 151 mujeres asesinadas, solo 46 (el 30,5%) había denunciado a su agresor. El organismo y el Observatorio de violencia machista dependiente de él apuntaron dos cuestiones "preocupantes": que solo había aumentado tres puntos respecto al promedio de la última década el número de asesinadas que habían denunciado previamente; y que la denuncia no siempre sirvió a las víctimas para salvarse. Este 2019, de las 51 mujeres asesinadas que ya recogen las cifras oficiales en España, solo 11 lo habían hecho.