Colau y Torra se conjuran para dar luz verde a sus respectivas cuentas

Los gobiernos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona están dispuestos a facilitarse mutuamente la aprobación de los presupuestos de sus respectivas instituciones. Pere Aragonès, vicepresidente y consejero de Economía, sostiene que es inviable prorrogar por tercera vez las cuentas y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, quiere evitar la aplicación de esa medida en el Consistorio. Jéssica Albiach, líder de los comunes en el Parlament, ya afirmó en el debate de política general que están dispuestos por responsabilidad a pagar la “factura electoral” que les puede comportar pactar las cuentas con el Govern.

Los dos Ejecutivos tienen la voluntad de aprobar recíprocamente los presupuestos tras el atasco en que están sumidas las dos principales instituciones de Cataluña. La Generalitat no los ha actualizado desde 2017. La situación de Barcelona es algo mejor: Ada Colau logró sacar adelante las cuentas de 2016 con una modificación de crédito y en 2017 y 2018 con sendas cuestiones de confianza. Ahora funciona con éstas prorrogadas. Con 18 ediles sobre 41, al gobierno municipal le bastan tres de la oposición para lograr la mayoría absoluta y aprobar los presupuestos. ERC y Junts per Catalunya están dispuestas a negociar. Colau lleva clamando por una negociación en paralelo y una aprobación de cuentas a lado y lado de la plaza de Sant Jaume desde julio, cuando se reunió con el president Quim Torra. “Son procesos diferenciados pero todo ayuda si las mismas formaciones política de un lado y otro de la plaza todo ayuda”, sostiene Aragonès.

En el Ayuntamiento, formalmente aún no se ha producido intercambio de papeles entre el ejecutivo y la oposición, pero sí se han producido conversaciones informales. De hecho, el amplio acuerdo de la semana pasada para pedir un tramo local de la tasa turística (apoyado por BComú, PSC, ERC y Junts per Catalunya) muestra cómo hay ganas de entenderse entre las dos coaliciones que gobiernan el consistorio (comunes y socialistas) y la Generalitat (ERC y Junts per Catalunya).

Los dos responsables del presupuesto y las ordenanzas fiscales, el concejal Jordi Martí (BComú) y Montserrat Ballarín (PSC), presentarán hoy una primera propuesta para el presupuesto. El calendario que manejan es aprobar las ordenanzas en el último pleno de diciembre.

El Govern ha depositado su confianza de desencallar las cuentas en un acuerdo con los comunes. Albiach apuntó en TV3 que aprobar las de la Generalitat no garantiza que reciban luz verde las de Colau. “Son la garantía de que los derechos sociales se blinden”, dijo, admitiendo que existen negociaciones en paralelo en las dos instituciones sin necesidad de confluir. Su objetivo es aumentar la fiscalidad verde en vehículos contaminantes, industrias y los cruceros. Noelia Bail, líder de Podem, avisó el lunes que no darán el sí “gratis”.

Modificaciones fiscales

Anteayer, representantes del Departamento de Economía y Hacienda y de los comunes se reunieron por segunda vez para negociar ese pacto, que pasaría sobre todo por las modificaciones fiscales a introducir a través de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras. Fuentes consultadas constataron la voluntad de negociación y se emplazaron a que cada parte armara una propuesta fiscal a consensuar y con la que Economía hará simulaciones de ingresos. Los comunes llevan años reclamando un modelo más equitativo, con subidas en el IRPF en las rentas más altas, un aumento del impuesto de Sociedades y nuevos gravámenes de corte medioambiental. Todas esas vías, ahora, están abiertas, pese a las antiguas reticencias gubernamentales. El Govern asume ahora que no puede proyectar la imagen de su incapacidad de aprobar unos Presupuestos los últimos tres años, habida cuenta que los de 2017 se aprobaron con una mayoría pírrica propiciada por la CUP para salvar el 1-O. La segunda, aflorar 400 millones de euros que el Govern necesita para afrontar compromisos asumidos y para los que no tiene recursos.