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Los pisos de Botella enredan al Ayuntamiento

La venta de miles de viviendas sociales a fondos buitre realizada en el 2013 provoca un choque en el Ayuntamiento entre el PP y toda la oposición

Pablo León
Viviendas públicas en Madrid vendidas a fondos buitre.
Viviendas públicas en Madrid vendidas a fondos buitre.KIKE PARA

Una defensa de “sus amigos”. Una decisión tomada “para que el PP no salga dañado”. La socialista Mercedes González se refirió en el Pleno municipal de este martes a los pisos de Botella. Hablaba de la venta de vivienda social realizada en 2013 por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos buitres pertenecientes al conglomerado de Blackstone. Botella era la alcaldesa y el Tribunal de Cuentas sentenció que la operación se hizo a un precio por debajo de mercado: “El precio de venta de todos estos inmuebles —18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas públicas— fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”. La operación generó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de casi 30 millones de euros. El dictamen consideró, además, que se dio información privilegiada a los fondos. Condenó a Botella y otros siete miembros de su gabinete a a abonar entre todos 25,7 millones de euros.

Los exconcejales recurrieron y la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó la condena. Dos consejeros votaron a favor de la absolución; uno se opuso. Los dos que votaron igual fueron nombrados a propuesta del PP: Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— y José Manuel Suárez Robledano. El Ayuntamiento, a través de la EMVS, había iniciado los trámites para recurrir la absolución de Botella al Supremo. Una propuesta ratificada por el Pleno municipal actual, que salió adelante con los votos a favor de Más Madrid y PSOE y la abstención de Vox.

“¿Por qué no va a dar cumplimiento al acuerdo del Pleno?”, preguntaba el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo. “El dinero público es de los madrileños y queremos que se depuren responsabilidad. No es venganza, es justicia. Con los afectados, con los inquilinos a los que hicieron rehenes de un fondo buitre”, continuaba. Antes de su llegada a la alcaldía, Almeida ya había mostrado sus rechazo a investigar los pisos de Botella: describió el proceso como una vendetta contra la exalcaldesa conservadora.

Hace una semana, el Ayuntamiento cesó a la directora de los servicios jurídicos de la EMVS, Paloma Herranz, que trabajaba en el recurso municipal a la absolución de Botella. El plazo de presentación del mismo termina este viernes. “La destitución es una decisión política”, ha dicho la socialista González. Y se ha acusado a Begoña Villacís de “cómplices del PP”: “¿Por qué Aguado hace una comisión ‘caiga quien caiga’ y usted se dedica a tapar sea a quien sea?”. “Si la EMVS no lo hace [interponer recurso], yo misma me personaré en el Tribunal de Cuentas”, ha agregado González.

El Ayuntamiento ha defendido que el cese de Herranz responde a una “reestructuración” de la empresa pública. “Sabemos que es falso”, han apuntado tajantes los socialistas. Ni siquiera Vox -que durante el pleno celebró la dirección tomada por el Ayuntamiento de PP y Cs- se creyó el argumento municipal: “Si realmente no existe ningún argumento jurídico, que se presente [el recurso] y se inadmita”, argumentó la ultraderecha. Almeida ha insistido en que no hay base legal para el recurso y que tramitarlo implica un “gasto público innecesario”.

“Este litigio le ha costado a los madrileños cero euros”, le ha respondido Calvo ex delegado municipal de Urbanismo, “porque lo han hecho los servicios jurídicos municipales”. El concejal de Más Madrid también avisó de que “tras un desliz telefónico”, se enteraron de la convocatoria, este miércoles, del “consejo de la EMVS; dos días antes de que finalice el plazo [para presentar el recurso]”. Tras enumerar los componentes del consejo, entre los que se incluye, lanzó una recomendación: “Les digo a todos los consejeros de la EMVS, sobre todo a los de Cs, que piensen bien lo que van a votar en ese consejo”.

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Sobre la firma

Pablo León
Periodista de EL PAÍS desde 2009. Actualmente en Internacional. Durante seis años fue redactor de Madrid, cubriendo política municipal. Antes estuvo en secciones como Reportajes, El País Semanal, El Viajero o Tentaciones. Es licenciado en Ciencias Ambientales y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Vive en Madrid y es experto en movilidad sostenible.

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