Los Mossos investigan presuntas facturas falsas vinculadas a Carbó, exgerente de TV3

Los Mossos d’Esquadra investigan presuntas facturas falsas emitidas por la compañía Enginyeria Inalba, una de las empresas implicadas en el caso de corrupción en la Diputación de Lleida, a la productora Triacom Audiovisual, presidida por Oriol Carbó, exgerente de TV3, para los programas de El Gran Dictat y Fish&Chips emitidos por la televisión pública catalana. Carbó está imputado en la causa del 3% que investiga la Audiencia Nacional.

En el análisis de la facturación de las empresas implicadas en el caso de presunta corrupción en Lleida, que investiga el juzgado de instrucción 1 de la ciudad y en el que fue detenido el presidente de la Diputación, Joan Reñé, los Mossos han hallado dinámicas compatibles con la “creación de facturas presuntamente falsas y/o falseadas”, según consta en la causa. En concreto, señalan facturas por valor de 348.480 euros entre Triacom Audiovisual y Enginyeria Inalba, esta última registrada por la policía catalana a principios de 2017, de donde se llevaron numerosa documentación.

Triacom contrató a través de Enginyeria Inalba la redacción “de protocolos de seguridad y salud” de los platós Imagina de Barcelona donde se grababan los programas emitidos por TV3 de El Gran Dictat y Fish&Chips, los mismos que están siendo investigados en la Audiencia Nacional. De los datos analizados se desprenden “ciertas particularidades”, como que una de las facturas, con fecha del 20 de mayo de 2013, se cobró cuatro días antes, el 16 de mayo, y 14 días antes de que la compañía presentase su oferta económica por esos trabajos.

Enginyeria Inalba contrató a su vez esos trabajos a través de Interiorismo y Reformas S. L., una empresa radicada en Huesca, únicamente con dos empleados, que administra Diego G., un octogenario a quien los Mossos d’Esquadra consideran que es un testaferro. Hacienda le abrió una investigación por una facturación de casi tres millones de euros en tres ejercicios fiscales distintos.

La policía catalana sospecha que parte del dinero de esas facturas se destinaba al pago de comisiones a la Diputación de Lleida por la consecución de obra pública, y también para el pago de comisiones a la extinta Convergència Democràtica de Cataluynya (CDC), según fuentes de la investigación.

Las facturas analizadas son de 2013, una fecha que coincide con el periodo en el que el presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) era Brauli Duart, el actual secretario general de Interior de la policía catalana.

Imputado en la Audiencia

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata imputó el martes a Oriol Carbó por una operativa que, según fuentes policiales, se repite en el entramado investigado por los Mossos en Lleida. Carbó está acusado en la causa del 3% de desviar 750.000 euros mediante facturas falsas para los programas de El Gran Dictat y Fish&Chips a una empresa que trabajó para la campaña electoral de la extinta Convergència en las autonómicas de 2010. Los investigadores sospechan que el dinero se destinó a saldar deudas del partido político con la mercantil Hispasart, que fue quien facturó a Triacom en seis plazos mensuales.

Carbó ha sido citado a declarar como investigado el próximo 10 de septiembre. El juez sostiene que el presidente de Triacom y exgerente de TV3 actuó “siguiendo instrucciones directas y expresas” de Germà Gordó, exsecretario del Govern de la Generalitat e imputado también en el caso del 3%.

El juez de la Audiencia Nacional ha pedido además a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que presente todos los contratos con Triacom y con el propio Carbó como persona física. El presidente de Triacom también fue investigado en el caso de las ITV.

La investigación de Mossos contra las adjudicaciones irregulares en Lleida culminó con la detención de Reñé, uno de los hombres fuertes de Convergència, en octubre del año pasado. El político aguantó varios días, pero finalmente acabó dimitiendo de su cargo. La policía catalana detectó un incremento patrimonial en sus cuentas de 200.000 euros. Los Mossos sospechan que ese dinero deriva del pago de mordidas de empresas a cambio de obra pública.