La división amenaza a la Cámara de Comercio

Desde sus últimas elecciones, allá por 2010, su presupuesto se ha reducido a la mitad. Su protagonismo también se ha desdibujado entre una amalgama de nuevas asociaciones. Y su futuro está por ver. Pero todo eso no parece importar en las elecciones que la Cámara de Comercio de Barcelona celebra estos días. Tres candidatos a presidente de la entidad, otras dos candidaturas (una de la ANC y otra de la plataforma femenina 50a50) que quieren influir en la elección de esa presidencia, contenciosos previos, un nuevo sistema de votación electrónico nacido en la polémica y la amenaza de que, una vez conocidos, los resultados sean impugnados. Las elecciones camerales han devenido un embrollo, el mayor de su historia.

Su desenlace empezará a conocerse el miércoles por la noche, una vez haya concluido el último día de las votaciones presenciales para escoger 40 de los 60 asientos o epígrafes que compondrán el pleno de la Cámara. Otros 14 los ocuparán las compañías que han decidido pujar más alto a través de aportaciones económicas. Y seis más están reservados para las patronales. De todos esos votos dependen el financiero Carlos Tusquets, el exdirectivo Enric Crous y el abogado y también empresario Ramon Masià, los tres que pretenden suceder a Miquel Valls.

Todos ellos han mantenido una ardua campaña, que todavía dura. Una vez iniciada la votación el jueves, la última víctima del proceso era Crous, a quien el resto de candidatos acusaban de estar llamando a ceder certificados digitales para poder votar. La junta electoral les dio la razón y recriminó la actuación de la candidatura de Crous, que tuvo que modificar su web para defender que el certificado digital es intransferible.

Crous conoce la entidad. Fue vicepresidente en tiempos de Antoni Negre, en los años 90. Y ahora parte con la etiqueta de “independentista”, por su pertenencia al lobby nacionalista Femcat y por el apoyo con el que podría contar desde la ANC, aunque la entidad hace su propia campaña para ocupar los 40 epígrafes que están en juego. “Simplemente, no se me puede etiquetar así”, se defiende el exdirectivo de Grupo Damm, para admitir: “Soy catalanista, pero nuestra candidatura es transversal, de país, y la ANC compite conmigo por mi epígrafe, con lo que me pueden dejar fuera de la carrera, así que muy a mi favor no están”. Pero sí defiende que todas las empresas que le apoyan “tienen sede en Cataluña”.

Esa afirmación tiene un claro destinatario: Carlos Tusquets, presidente de Mediolanum. El banco trasladó su sede a Madrid a finales de 2017 a causa de la situación política, como otras empresas de su candidatura. A Tusquets se le acusa de ser un continuista de Miquel Valls. “Si yo ganara los 40 epígrafes que ahora se votan, tres cuartas partes del pleno serían caras nuevas, así que nadie me puede acusar de continuista. Y tampoco soy el hombre de las grandes empresas. No vivo del Ibex, pero tampoco hay que demonizarlo”. Pide que Barcelona vuelva a ganar peso económico y lamenta que la ANC se haya inmiscuido en la campaña cameral. “Me preocupa porque tienen un discurso político y no económico, pero no es que me den miedo, sino pena”, señala.

El tercero en discordia es Ramon Masià, quien más conoce las interioridades de la corporación. Y, pese a ello, quien tiene un discurso más radical para ella. “Yo lo que propongo es una refundación, así que a corto plazo no podremos hacer mucha cosa, pero creo que a ocho años vista podremos tener una hoja de ruta. La Cámara de Comercio de Barcelona debe ser el embrión de una futura Cámara de Comercio europea”. Y defiende que la suya es una candidatura trabajada durante mucho tiempo y que cuenta con un programa electoral para convertirla en el mayor foro para los trabajadores autónomos.

El estreno del voto electrónico ha generado un gran interrogante sobre cuál será el resultado de las elecciones. Si apellidos conocidos en los círculos del poder barcelonés podrán con la capacidad de movilización de entidades como la ANC. La división ha caracterizado hasta ahora la campaña electora. La pugna por los 14 epígrafes de pago apunta a clave para decidir hasta qué punto.