Colau cierra 3.000 pisos turísticos ilegales
El Ayuntamiento admite que el problema es ahora la falta de regulación del alquiler de habitaciones
El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha cerrado 3.038 pisos turísticos ilegales gracias a la aplicación de su plan de choque para luchar contra uno de los fenómenos que más preocupaba al ejecutivo al llegar al Ayuntamiento: el impacto de esta oferta sobre el mercado de la vivienda.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha dado cuenta de los logros del plan de choque, que se puso en marcha en julio de 2016, y ha asegurado que el Ayuntamiento ha conseguido reducir en un 95% la oferta ilegal y ha ordenado el cese de la actividad de 4.900. De éstos, un 62% son los 3.000 que han sido cerrados definitivamente. Y entre la oferta detectada no solo había pisos sueltos: en 95 casos se trataba de edificios enteros que también han recibido orden de cese. Sobre los anuncios de pisos turísticos sin licencia el plan los ha reducido de 5.875 a 272 y casi 1.200 han vuelto a incorporarse al parque de alquiler residencial de la ciudad.
“Barcelona se había convertido en un espacio de barra libre y ahora los vecinos saben que tienen un gobierno que da respuesta con una estrategia global para evitar que la gente tenga que marcharse de los barrios”, defiende Sanz y concluye: “Hemos controlado la oferta y estamos más cerca que nunca de reducirla a cero”.
El plan de choque combina recursos humanos (con visualizadores que trabajan puerta a puerta, inspectores, rastreadores de webs) y también con programas informáticos (arañas) que detectan y localizan la oferta ilegal. En total, en tres años se han analizado 17.000 domicilios anunciados en hasta 140 webs distintas. Y tiene en las multas su herramienta más definitiva para disuadir a los propietarios que ofrecen pisos para turistas sin licencia. Unas multas de las que no se han librado ni vecinos que han alquilado una sola vez su vivienda cuando se marcharon de vacaciones. Entre 2016 y 2018 el ayuntamiento abrió 13.000 expedientes y se impusieron casi 6.500 multas, cinco veces más que en los tres años anteriores. La falta de datos cruzados no permite al consistorio saber cuántas multas se han cobrado, pero sí ha constatado que el cierre voluntario de pisos aumentó con la presión y cada vez ha sido menos necesario precintarlos.
En paralelo al plan, Colau ha trabajado también con las plataformas de alquiler vacacional, sobre todo Airbnb y Homeaway. Una relación que comenzó con un enfrentamiento directo (las plataformas no quisieron retirar anuncios de oferta ilegal y el Ayuntamiento les multó, una cuestión que está en los tribunales), pero ha finalizado fumando la pipa de la paz (con el compromiso de anunciar solo oferta legal).
En el tintero del Ayuntamiento queda la oferta de habitaciones de alquiler para turistas. Un sector que no está regulado, aunque la Generalitat ha tenido varias veces a punto un decreto para legalizarlas, pero los relevos en el Govern no han permitido aprobar. El consistorio admite que en este frente “existe un problema de desregulación” e insta al Gobierno catalán a regularlo “cuanto antes”.
Y otro frente es el futuro laboral de los 41 visualizadores contratados primero a través de un plan de empleo y posteriormente por la empresa BSM. Sanz asegura que el consistorio está buscando la fórmula técnica y administrativa para no prescindir de estos profesionales y que la vinculación con el Ayuntamiento sea más directa.
Sobre la firma
