La Fiscal General no ve delito en poner o quitar lazos amarillos
La oposición critica a los Mossos por identificar a los que retiran los símbolos
La polémica por la retirada de lazos amarillos por parte de grupos organizados, que en algunos casos han sido identificados por los Mossos d’Esquadra, alcanzó ayer a la Fiscal General del Estado. María José Segarra aseguró que “no hay delito alguno ni en quitar ni en poner” esos lazos en la vía pública y consideró que ambas prácticas “forman parte de la libertad de expresión”. Ciudadanos, que ha instado a los contrarios a la independencia a retirarlos, criticó ayer la actuación de la Generalitat.
La fiscal, que participaba en un acto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, no quiso entrar a valorar la actuación de la Generalitat y los Mossos, que en los últimos días han identificado a grupos organizados de personas que se dedican a retirar del espacio público los símbolos en apoyo a los líderes independentistas en prisión preventiva. “No estoy juzgando una legislación que no me toca a mí responder sobre su aplicación”, aclaró Segarra, para explicar después que “son las autoridades gubernativas catalanas las que tomaran las decisiones, seguramente las más oportunas”.
Juristas ven difícil la aplicación de la ‘ley mordaza’
El Govern quiere recurrir a la ley mordaza para castigar a quienes quiten lazos amarillos. El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, dijo a Europa Press que el encaje es complicado pues se pretende aplicar la norma en base a un artículo muy genérico que habla de la posibilidad de sancionar "daños al dominio público".
“Si para quitar un lazo se utilizara una radial o algo que pudiera dañar un elemento de la vía pública, sí se estaría incurriendo lo que dice la norma, pero ello no es de aplicación a lo que simplemente es retirar un lazo del color que sea”, dice Prado.
Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, recuerda que es la Administración la única responsable de velar por la neutralidad en los edificios públicos. Ve peligroso convidar al ciudadano a que actúe. Respecto al dominio público, se tiene que garantizar la libertad de expresión sin ocupar el espacio público.
La policía autonómica ha abierto diligencias contra las personas identificadas —el pasado viernes, en Tarragona, fueron un total de 14, una de ellas un agente de paisano de la Guardia Civil— y estudia si su actuación puede ser castigada al amparo de la polémica ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. Tanto el PDeCAT como Esquerra, ambos en el Govern, han pedido en varias ocasiones la derogación de esa norma.
La Generalitat entiende que, en aplicación de esa ley, las personas que quitan los lazos serían responsables de una “presunta infracción grave” y podrían enfrentarse a multas que van entre los 600 y los 30.000 euros. El vicepresidente catalán, Pere Aragonés, pidió la semana pasada al Gobierno que “vigile a sus uniformados” cuando trascendió que uno de los implicados era guardia civil.
“Ilegal y una aberración”
Tanto Ciudadanos como Societat Civil Catalana (SCC), entidad contraria al independentismo, lamentaron que la Generalitat identificara a quienes arrancan los lazos con cuchillos o tijeras. “Reprimir policialmente a quienes los quitan es ilegal y una aberración”, dijo ayer en Twitter el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa. Desde SCC acusaron al presidente catalán, Quim Torra, de “usar los Mossos para reprimir la disidencia”.
“Si hay colectivos que no están de acuerdo con determinadas manifestaciones, que hagan manifestaciones contrarias, que saquen otros lazos o que se pronuncien como consideren, pero lo que no puede ocurrir es que nadie se tome la libertad por su mano”, pidió el diputado de Podemos Txema Guijarro.
Los lazos han estado en el centro del debate político catalán tras el encarcelamiento de los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Varios edificios públicos los lucen, lo que va en contra de la idea de neutralidad institucional. “Si el Gobierno no quiere limpiar de propaganda separatista ilegal los espacios públicos en Cataluña, lo haremos nosotros”, aseguró el líder de Ciudadanos Albert Rivera.
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