El TSJ veta que las instituciones icen esteladas en el espacio público
La sentencia prohíbe que los consistorios "ocupen" el espacio público con símbolos "partidistas"
El Tribunal Superior de Cataluña ha dictado una sentencia en la que confirma que el Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) estaba obliga-do a retirar la bandera estelada (independentista) que izó en un mástil de una plaza del municipio. La resolución sostiene que izar esa bandera supone “privatizar el espacio público” con un elemento “partidista”,lo que que vulnera los “principios de objetividad y neutralidad institucional”. El Consistorio, gobernado por el PDeCAT, recurrirá el fallo.
El conflicto se remonta a 2014, cuando el Ayuntamiento de Sant Cugat (90.000 habitantes) colocó la bandera en la plaza pública, y ha generado una larga batalla judicial entre el Consistorio y la organización antisecesionista Societat Civil Catalana (SCC). Tras varios requerimientos, la bandera, de hecho, ya no estaba izada en la plaza Lluis Millet desde julio de 2017. Esta es la primera vez en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se pronuncia sobre la polémica de las banderas.
En sus fundamentos de derecho, los jueces se apoyan en la sentencia que dictó el Tribunal Supremo el 28 de abril de 2016 sobre la obligación de las instituciones de retirar las esteladas de los edificios públicos —“pero cuya doctrina se extiende a otros lugares públicos”, remarca el fallo— para preservar el principio de neutralidad institucional. Ese principio debe mantenerse en todo momento, señala el TSJC, “si bien reforzado en los periodos electorales”.
El fallo del Tribunal Superior catalán recoge los argumentos de aquella resolución del Supremo, que parten de la premisa de que la estelada es un elemento que carece de “reconocimiento legal válido como símbolo de una administración” y que su uso solo puede ser considerado “partidista” porque representa a una parte de la ciudadanía, “por muy relevante que sea”, y no a su conjunto.
La sentencia descarta que a ese argumento pueda dársele la vuelta para alegar que una parte de la ciudadanía tampoco se siente identificada con los “símbolos oficiales”; porque la neutralidad, subraya el TSJC, no depende de la voluntad de los poderes públicos sino que estos tienen un “deber genérico de sujeción a la legalidad vigente configurada por los cauces democráticos que específicamente habilitan la Constitución y las leyes que la desarrollan”.
El fallo subraya que se desconoce cuál fue el “acto municipal” que sirvió de soporte para “ocupar el espacio público”, pero añade que tampoco serviría si la decisión se hubiera adoptado en un pleno porque, como ya estableció el Supremo, “no cabe aceptar de ningún modo que la colocación de las banderas partidistas en edificios y lugares públicos constituya un acto de ‘obligado’ cumplimiento que se impone a los alcaldes”, por mucho que lo decida el pleno.
Muchos más casos
El Ayuntamiento de Sant Cugat ha sido condenado a pagar 2.000 euros. La alcaldesa, Carmela Fortuny, del PDeCAT, considera que el fallo es muy restrictivo porque equipara un mástil a un espacio público. “No han analizado nuestras alegaciones con detenimiento. En otro contexto socio-político no se habría producido este fallo”, sostuvo. Y añadió: “La decisión es tan restrictiva que puede poner en cuestión poner en espacios públicos banderas antimilitaristas o del movimiento LGTBI porque no son del agrado de todos. Vamos a llegar hasta el final”.
José Rosiñol, presidente de Societat Civil Catalana, instó a Fortuny a asumir el fallo. “Todo aquel que se considere un demócrata debería acatar esta sentencia y actuar de acuerdo a su contenido”, dijo. El fallo no afecta a particulares y de hecho en Sant Cugat ondean varias esteladas. La duda es si tendrá efecto sobre las miles de insignias independentistas diseminadas por toda Cataluña. La mayoría de litigios iniciados hasta ahora por la Abogacía del Estado perseguían que se izaran banderas independentistas en edificios de los Ayuntamientos.
