Barcelona multará a los propietarios que acosen a los inquilinos
El Ayuntamiento y las entidades denuncian la primera docena de casos
Ha tenido que pasar más de una década, desde que entró en vigor la Ley del Derecho a la Vivienda, para que las entidades y el Ayuntamiento de Barcelona hayan caído en la cuenta de que uno de sus artículos permite demandar por la vía administrativa y multar los casos de mobbing o acoso inmobiliario: el asedio que algunos propietarios practican con sus inquilinos con el objetivo de echarles de casa. Una práctica ahora frecuente en Barcelona, sobre todo en edificios comprados por inversores que quieren vaciarlos de vecinos para rehabilitar los pisos y alquilarlos o venderlos por un precio más elevado. Y que si se denuncia por la vía penal es muy lenta y difícil de probar.
La nueva vía, que puede terminar con multas de entre 90.000 y 900.000 euros, fue un anuncio casi simultáneo. Primero, a las once de la mañana de hoy, de las entidades que luchan por el derecho a la vivienda (la PAH, el Sindicato de Inquilinos o el Observatorio DESC). Y a la una, del Ayuntamiento de Barcelona. "Basta ya de casos de asedio inmobiliario en Barcelona que practican todo tipo de propietarios, fondos buitres, inversores o propietarios particulares y que afectan sobre todo a personas mayores con rentas antiguas", manifestó una de las portavoces del Sindicato de Inquilinos, Marta Ill.
"Acoso hasta límites insostenibles"
Falta de mantenimiento de las zonas comunes e instalaciones, portales siempre abiertos, ladrones, toxicómanos entrando y saliendo, contratos de alquiler fraudulentos, viviendas sin cédulas de habitabilidad... Es el rosario de malas prácticas que hoy denunciaron que sufren vecinos de barrios como El Raval, Sant Antoni o el Eixample. Como los del número 103 de la calle del Carme, siete vecinos, una con renta antigua, que desde que su edificio fue comprado por un inversor viven "una situación de acoso que ha llegado a límites insostenibles", en palabras de Pau Barjoan. Su caso es uno de los que tanto el Ayuntamiento, de oficio, como los propios vecinos han denunciado ya. También lo han hecho los vecinos del número 92 de la calle de Floridablanca, que vinculan la propiedad de su finca con la familia propietaria de la famosa clínica Francis de belleza, a quien acusan de "dejadez". O los del 151 de la calle de Entença, junto a la antigua cárcel Modelo, que llevan un año de acoso para que se marchen. En este caso, Juan Gómez, el único vecino con contrato indefinido, denunció la pasividad del Ayuntamiento: "No solo es la LAU, también la Colau", afirmó ironizando con el nombre de la alcaldesa.
Desde el Observatorio DESC, Guillem Domingo recordó que las administraciones también tardaron en aplicar otra de las posibilidades de la Ley del Derecho a la Vivienda, como son las multas a grandes tenedores por tener viviendas vacías. Ahora son el artículo 45 y la disposición 123.2.A quienes describen el asedio (y apuntan a la obligación de las administraciones de averiguar qué ocurre y actuar) y el régimen sancionador (con multas de entre 90.000 y 900.000 euros si se trata de una infracción muy grave). "La administración no puede decidir si actúa o sanciona, está obligada", celebró Domingo. "Nosotros nos hemos puesto unas gafas nuevas y hemos visto algo que hasta ahora no habíamos visto, ahora esperamos que se las ponga la administración", dijo.
Por parte de la PAH, Lucía Delgado lanzó tres mensajes: "A los vecinos asediados para que visibilicen los casos y denuncien; al Ayuntamiento para que ponga recursos y su compromiso; y a los fondos buitre, de que basta de impunidad".
El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner, explicó que el consistorio ha detectado prácticas de asedio inmobiliario en diez de los 70 edificios que tiene contabilizados porque han sido comprados por inversores, "sobre todo fondos internacionales y socimis". El consistorio ha abierto diligencias en cuatro casos y en uno, el proceso sancionador, Desde el área de Derechos de Ciudadanía, el concejal y abogado Jaume Asens advirtió: "Comenzamos una ofensiva administrativa contra las prácticas mafiosas de fondos que pretenden alterar la convivencia de la ciudad". "Queremos mandar un mensaje claro a los fondos que asedian nuestra ciudad de que no permitiremos sus prácticas".
Asens explicó, además, que en el caso de las demandas con el paraguas de la Ley del Derecho a la Vivienda, "la carga de la prueba se invierte y es el propietario quien tiene que demostrar que no existe". Por ejemplo, si no hubiera hecho obras de mantenimiento, tendría que demostrar que las ha hecho. El concejal también apuntó que el consistorio no renuncia a la vía penal, pero explicó que "tiene sus límites y es el último recurso, porque las exigencias probatorias son mucho mayores". Asens ha reconocido también que van tarde en la aplicación de esta fórmula legal, ha explicado que el Ayuntamento quería tener el aval de los servicios jurídicos y ha animado a las víctimas de asedio a denunciar.
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