El otro drama de Peironcely, 10

Peironcely, 10, la icónica infravivienda que fotografió Robert Capa durante la Guerra Civil y cuya imagen apareció en las portadas de revistas como Life, Regards o Weekly Illustrated en 1936 como símbolo de la contienda que desgarraba España, esconde en 2018 el drama de una pareja y sus hijas de dos, seis y 18 años. La familia de David Sánchez y Ljubica Merzán será desahuciada el próximo martes de esta casa baja de 21 metros cuadrados, situada en Puente de Vallecas, porque no puede pagar el alquiler de 350 euros que le reclama el casero. Afirman que abonaron puntualmente la renta durante cinco años, pero el año pasado el dinero se acabó. Ninguna Administración les echa una mano: no hay casas disponibles para ellos ni ayudas oficiales. El martes terminarán en un albergue para indigentes y refugiados.

“Hemos tenido que elegir entre comer o pagar el alquiler. Llevamos más de un año sin ningún tipo de ayuda y estamos en una situación límite”, cuenta Sánchez. Esta familia es una de las 14 que viven en la casa de Vallecas que historiadores, políticos y asociaciones de defensa de la Memoria Histórica quieren mantener como símbolo de la contienda. El Ayuntamiento, por ejemplo, ya mostró su intención de proteger el inmueble para convertirlo en un museo, lo que supondría cambiar el plan general, expropiar el edificio y realojar a sus inquilinos. Mientras, la Comunidad de Madrid ha retirado a los Sánchez la única ayuda que tenían, por ser “incompatible” con el paro de 426 euros que cobraba la esposa.

Mar Espinar, concejal socialista, da su visión. “Estamos de acuerdo en proteger el edificio, pero antes hay que dar una solución a los vecinos. Están en una situación desesperada”, señala. Espinar denuncia que el Ayuntamiento de Ahora Madrid no hace nada por ayudarlos, a pesar de que cuenta con las herramientas necesarias. Coincide en su análisis con José María Uría, coordinador de la plataforma Salva Peironcely 10, una plataforma que reúne a 22 entidades culturales y pacifistas de Estados Unidos, Francia, Portugal, Alemania y España y más de 30 personajes del mundo de la cultura: “David y Ljubica están en una situación dramática, la familia tiene ningún tipo de ingreso desde hace un año. Es una tragedia que se queden en la calle”, dice Uría.

El problema arrancó el verano pasado. “Mi mujer percibía la Renta Mínima de Inserción (RMI), de 655,20 euros, y nos concedieron también el Programa de Activación para el Empleo. Hablamos con la asistente social del barrio y nos dijo que no habría problema, que ella nos ayudaría. Pero nos quitaron todas las ayudas y llevamos desde julio sin ningún ingreso”, cuenta Sánchez. “Ahora solo podemos malvivir, tenemos muchas necesidades y ningún dinero. Comemos de Cáritas y de lo que nos dan los amigos. La luz y el agua nos las pagan organizaciones sociales”, continúa. La pareja ha recibido ya varios avisos de lanzamiento por parte del propietario del inmueble. El desahucio se ejecutará el próximo martes.

Para evitar este desenlace, la familia se enfrenta a un laberinto burocrático. Una portavoz de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, gobernada por el PP, admite que la Comunidad le retiró la RMI por ser “incompatible” con el paro. “En mayo de 2017 se puso en nuestro conocimiento que Merzán era beneficiaria de una prestación del Servicio Público de Empleo Estatal, incompatible con RMI, razón por la que se suspendió cautelarmente la prestación”. La portavoz añade que la familia presentó una nueva solicitud para cobrar esta ayuda en noviembre del año pasado, pero desde entonces se le han enviado dos requerimientos por falta de documentación. “Es un absurdo que nos sigan pidiendo más papeles. Estamos en una situación extrema. Además, cada certificado vale dinero y no tenemos nada”, responde Sánchez.

“No podemos hacer nada”

En la Consejería de Vivienda tampoco encuentran soluciones. “Si es el desahucio de un particular, no podemos hacer nada. Es una sentencia en la que no podemos entrar”, dice una portavoz, que insta a la familia a presentar una solicitud para optar a una vivienda de emergencia de la Comunidad. “Hay muchas familias con problemas que están también necesitadas. Pueden optar a una de estas viviendas, pero habrá que valorarlo en función de sus necesidades”, añade.

En el Ayuntamiento tampoco han tenido suerte. Una portavoz del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo señala que “el Ayuntamiento no puede hacer nada para paralizar el desahucio”. En cualquier caso, señala que esta familia no podrá optar a una vivienda social de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), ya que “no cumple dos de los requisitos: estar al corriente de pago de los alquileres y estar en situación legal, sin okupación”. “La concejal, Marta Higueras, se reunió con ellos el año pasado y les dijo que, para poder optar a una vivienda municipal, tenían que formalizar un contrato de alquiler, porque nos constan como okupas. En este tiempo no lo han hecho”, apunta la portavoz. Además, añade que casi no quedan viviendas sociales, ya que el anterior Ayuntamiento vendió 1.800 casas a un fondo de inversión y solo quedan por adjudicar unas 160.

Si finalmente se produce el desahucio, el Área de Equidad ha ofrecido a esta familia espacio en el Centro de Día Acogida de Emergencia del Pinar de San José, un albergue que en invierno usan personas sin hogar y que ahora está ocupado, en su mayoría, por refugiados. “He trabajado toda la vida, hasta que llegó la crisis. Porque hayamos pasado una mala racha no creo que tengamos que irnos a un albergue”, dice Sánchez. La plataforma ha enviado sendos escritos al propietario del inmueble para que paralice el lanzamiento y Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales, para que reactiven cuando antes el RMI.

Más optimista se muestra Francisco Pérez, concejal del distrito de Puente de Vallecas. “Está claro que hay una urgencia. Así que vamos a intentar aplazar el desahucio y luego adelantar el posible realojo. Se trataría de anticipar un procedimiento de urgencia para una emergencia”, señala. “También queremos hablar con el juzgado”. Y si esto no se consigue, “intentaremos ofrecerles una ayuda para que puedan pagar otro alquiler”. Mientras tanto, David, Ljubica y sus tres hijas seguirán esperando una solución para no terminar en un albergue para indigentes.