El expresidente valenciano Alberto Fabra evita poner la mano en el fuego por Camps

El expresidente de la Generalitat valenciana Alberto Fabra ha evitado este lunes poner la mano en el fuego por su antecesor y compañero del PP Francisco Camps, que está siendo investigado en tres procedimientos judiciales. “Cada uno que haga los compromisos que quiera. Yo pedí la mano una vez y me divorcié, con lo cual de manos no quiero saber nada”, ha dicho Fabra, ahora senador, a la salida de una comisión de investigación de las Cortes Valencianas.

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La semana pasada, los antiguos presidentes del PP en Valencia y Castellón y las Diputaciones de sendas provincias Alfonso Rus y Carlos Fabra respectivamente, reivindicaron a Camps, al que calificaron de honrado, y aseguraron que pondrían las dos manos en el fuego por él. Carlos Fabra, que salió en libertad condicional en 2017 tras ser condenado a cuatro años de prisión por delitos fiscales, contó que habla por teléfono con Camps cada dos o tres semanas. Rus, por su parte, está siendo investigado por el juez Víctor Gómez como supuesto cabecilla de una trama que cobró cientos de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.

La comisión del Parlamento valenciano a la que ha acudido este lunes Alberto Fabra a declarar trata de esclarecer un escándalo relacionado con esa presunta red de comisiones liderada por Rus. Se trata de los 1.000 millones de euros de sobrecostes que acumuló la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Sociadad Anónima (Ciegsa), una entidad en la que, según la investigación del juez Gómez, operó la trama del 3% desarticulada en 2016.

Alberto Fabra, el dirigente que la pasada legislatura decidió cerrar Ciegsa, ha asegurado desconocer las posibles irregularidades que en todo caso competen, agregó, “a los tribunales”. Fabra ha defendido que Ciegsa fue creada para agilizar la construcción de colegios y ha desvinculado su determinación de clausurarla de los escándalos que después salieron a la luz. La decisión se debió solo a la crisis, ha asegurado.

“Los ingresos habían caído de forma tremenda y había que poner orden. Con el dinero que teníamos no podíamos afrontar los servicios básicos. La solución más razonable era hacer más pequeña la Administración, y en cuatro años eliminamos 71 entes públicos, lo que supuso un ahorro de 3.250 millones de euros”, ha declarado Fabra.