Los jueces frenan el plan municipal de retirar a Dragados la gestión de nueve túneles
Los magistrados mantienen las medidas cautelares al consideran que las alegaciones del gobierno de Carmena no se sustentan
Dos juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid han ratificado por segunda vez las medidas cautelares contra la decisión del Ayuntamiento de retirar por la vía rápida —"secuestro temporal"— la gestión de nueve túneles a Dragados (ACS). El Consistorio detectó "negligencias" en su mantenimiento y acusó a la empresa de ser responsable en los atascos de tráfico. Dragados recurrió la medida y los jueces pidieron al gobierno de Manuela Carmena que justificara su actuación. Los juzgados 6 y 23 han declarado de nuevo que la acción del gobierno municipal no se sustenta, pues afecta a la libertad de empresa.
En los autos, a los que tuvo acceso EL PAÍS, referidos a tres de los nueve túneles secuestrados, los titulares de los Juzgados 6 y 23 de lo Contencioso-administrativo consideran que "la afectación a la libertad de empresa y a la capacidad organizativa de la concesionaria parece clara". Asimismo, señalan que "es indiscutido que la suspensión de la medida cautelar pudiera causar perjuicios al interés general", y por ello proceden a mantener lo acordado el 12 de febrero. En esta fecha, Dragados presentó su denuncia contra la resolución municipal del 9 de febrero, por la que se activaron las medidas cautelares. El Ayuntamiento las recurrió, y ahora los jueces han vuelto a dar la razón a Dragados, confirmando las disposiciones cautelares.
Los jueces inciden en que la decisión del concejal de Desarro Urbano Sostenible, José Manuel Calvo (Podemos), de "secuestrar" unilateralmente nueve túneles debe considerarse extraordinaria y, por ello, injustificada en este caso. "Se trata de una medida extraordinaria que por su gravedad debe ser el último recurso", rezaba el auto del 12 de febrero, confirmado ahora por los jueces, que señalan la "presunción de inocencia del contratista" y que incumbe a la Administración "la carga de la prueba del incumplimiento grave del contratista".
En sustancia, los jueces no aprecian incumplimientos graves en los convenios que justifiquen el secuestro, y consideran que el argumento esgrimido por el Consistorio, relativo a las afecciones al tráfico, tampoco tiene fundamento. "Las consideraciones de orden general sobre la afección al tráfico y a los ciudadanos de Madrid por el corte o cierre de diversos túneles no son elementos suficientes para cambiar el criterio en relación con las posibilidades de solución por otra vía diferente y más proporcionada que la elegida", mantienen los jueces en estos nuevos autos.
El gobierno de Manuela Carmena procedió al secuestro de los túneles de plaza de Castilla, de Pío XII, de José María Soler, de Sor Ángela de la Cruz, de Azca y de Puerta de Toledo, que habían estado cerrados total o parcialmente, al considerar que la empresa había sido "negligente". El propio concejal Calvo, autor de la resolución, habló de "retrasos", pero no de "incumplimientos", aunque admitió que el gobierno de Carmena no ha exigido el pago de ninguna sanción a la sociedad.
Otras vías
Los autos judiciales, sin embargo, además de rechazar el argumento de las afecciones al tráfico, apuntan a que el Consistorio puede actuar a través de vías distintas del "secuestro" de los túneles. Los jueces señalan que puede realizar las obras necesarias "directamente" y repercutir el importe de ellas al contratista.
De hecho, en su planteamiento el Ayuntamiento cifra el coste de las obras en valores que oscilan entre los 10.000 y los 50.000 euros por cada túnel. "Si tan escaso es el alcance de la actuación, no cabe duda de que puede ser atendida por la Administración recurrida por otros medios sin hacerlo a través de la ejecución del secuestro", explican los jueces.
Los autos, con fecha 20 y 21 de febrero de 2017, permiten presentar un recurso de apelación en el término de 15 días. Mientras, la gestión de los túneles sigue en manos de Dragados.
Cuando Calvo explicó el asunto en la comisión municipal del área de Urbanismo —el pasado 20 de febrero, después de una filtración a primera hora de la mañana a la prensa—, algunos concejales de la oposición consideraron que el edil había actuado de esa manera para "disimular las carencias" de su gestión. Así lo explicó el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, quien incidió en los numerosos pleitos en los que está involucrado el Ayuntamiento.
La edil Mercedes González (PSOE), primera en alertar sobre el mal estado de los túneles para el tráfico, incidió, en cambio, en que "hay que resolver" el convenio con la empresa privada y "hacer un nuevo contrato": "Los túneles siguen en manos de Dragados", recordó González. Por su parte, Begoña Villacís, de Ciudadanos, dijo que "cuando no se hacen los deberes a tiempo, hay que acudir a un protocolazo".
Después de aquella comisión, el delegado de Urbanismo afirmó que el Consistorio intentó llegar a un acuerdo con Dragados para modificar el convenio. Pero la negativa de la empresa y la actual situación presupuestaria (de momento, no hay cuentas aprobadas) han impedido romper los acuerdos y firmar otros nuevos.
“La afectación a la libertad de empresa parece clara”
La magistrada del Juzgado número 6 de lo Contencioso-administrativo de Madrid, en su auto del 21 de febrero de 2018, cree que la resolución municipal para el "secuestro temporal" de la concesión a Dragados de nueve túneles, ante una supuesta actuación negligente por parte de la sociedad, afecta a la libertad de empresa: "La afectación a la libertad de empresa y a la capacidad organizativa de la concesionaria parece clara", reza el auto. E incide en que la resolución del Ayuntamiento, al no definir el ámbito de actuación de los interventores en el momento del llamado secuestro de los túneles, supone una incidencia en la firma concesionaria. Asimismo, aclara que todavía es pronto para determinar si se ha producido un "incumplimiento grave" por parte de Dragados, y "no prejuzga el fondo litigioso".
El cierre permanente o temporal de siete túneles congestionó el tráfico de la capital en las semanas pasadas. Debido a las filtraciones de agua, en los días de lluvias el gobierno local tuvo que cortar el tráfico en dichos tramos. La semana pasada, los portavoces municipales añadieron que las medidas de cierre de los túneles adoptadas por seguridad por la presencia de agua solo pueden ser levantadas una vez que se realicen las obras necesarias para reparar las filtraciones.
La reparación de estos túneles, explicó el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, son "muy sencillas de ejecutar". Se trata de sustituir las canaletas por las que circula el agua, pero son "imprescindibles para el buen funcionamiento de los túneles" y de "urgencia máxima", dijo tras la comisión del área del pasado jueves.
