Suspendido el juicio al alcalde de Barreiros por el bum urbanístico del municipio
La Fiscalía pide dos años de prisión para el regidor, elegido bajo las siglas del PP, por adjudicar en 2006 licencias ilegales para 3.000 viviendas
El juicio previsto para este lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo al alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, elegido por el PP, ha sido suspendido y pospuesto por la huelga indefinida de funcionarios de Justicia contra los recortes de la Xunta, que cumple ya su novena jornada.
El regidor ha sido procesado por la concesión en un solo año de 45 licencias para construir casi 3.000 de viviendas en este municipio de apenas 3.000 habitantes, paradigma de los excesos y estallido de la burbuja inmobiliaria. Fuente Parga gobernaba dentro de las filas del partido de Alberto Núñez Feijóo cuando ocurrieron los hechos que se juzgan esta semana y así siguió hasta seis meses después de revalidar su mayoría absoluta en las elecciones de 2015, cuando decidió dejar el partido, aunque no el cargo, por sus problemas judiciales.
El regidor y otros cinco concejales que componían la junta de gobierno local en 2006, cuando se otorgaron los permisos, así como la arquitecta municipal, están acusados de prevaricación urbanística. La Fiscalía asegura en su escrito de acusación que la técnica emitió informes "favorables" a la concesión de las licencias "en casi todos los expedientes", informa Europa Press. El ministerio público considera que todos ellos "votaron unánimemente a favor" de estas licencias "siendo conocedores de la situación del suelo de la localidad" y de la "imposibilidad" de dar respuesta a las necesidades de servicios básicos para la ejecución de las viviendas.
La fiscalía pide para el alcalde una pena de dos años de cárcel y diez años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público en cualquier administración local, autonómica o estatal. El alcalde de Barreiros ha manifestado este lunes a la entrada del juzgado que comparecía "tranquilo" y ha defendido que él y sus ediles hicieron en 2006 "lo correcto". Hace unos días declaró al diario local El Progreso que afronta el juicio como "un trámite más de la actividad normal" de un alcalde, algo "inherente al cargo".
El gobierno del PP en Barreiros otorgó las licencias pese a la advertencia explícita de la Xunta, dirida entonces por el PSdeG-PSOE y el BNG, de que no podía hacerlo por no contar con un plan urbanístico actualizado. Los terrenos afectados estaban además calificados como no urbanos y no contaban con los más básicos servicios, como el abastecimiento de agua o el suministro eléctrico. Ante los desmanes del equipo de Fuente Parga, en 2007 el bipartito decidió intervenir el urbanismo local.
