Los jueces del TSJ que han paralizado la retirada de la cruz falangista, admitieron su traslado hace ocho meses

La misma sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que ha frenado la retirada de la cruz falangista de Callosa de Segura (Alicante) dio vía libre al Ayuntamiento para ejecutar su traslado hace apenas ocho meses. Los magistrados Mariano Ferrando Marzal, Carlos Altarriba, Estrella Blanes y Desamparados Iruela determinaron en una sentencia fechada el 5 de mayo de 2017, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que el monumento no corría ningún riesgo y podría ser repuesto en un futuro en su emplazamiento original si los recursos presentados contra la decisión municipal prosperaban.

Los mismos cuatro integrantes de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, junto a una quinta magistrada, cambiaron de parecer el pasado lunes, al ordenar a la corporación en un auto el cese inmediato de los trabajos, cuando éstos se encontraban ya en su fase final.

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La sentencia de mayo pasado desestimaba un recurso del portavoz del grupo municipal del PP, Francisco Javier Pérez Trigueros, contra la negativa de una juez de Elche a paralizar cautelarmente el acuerdo adoptado en abril de 2016 por el gobierno municipal -un tripartito de izquierdas integrado por PSOE, Izquierda Unida y Somos Callosa- para desmontar la cruz y sacarla de la Plaza de España. Pérez Trigueros se topó con una segunda negativa en la Sala de lo Contencioso del TSJ “por la falta de consistencia” de sus argumentos.

“No existe el menor riesgo que pueda implicar la pérdida de la eficacia de la estimación del recurso (periculum in mora) -alegaron entonces lo magistrados-, pues no se trata de una demolición o destrucción, sino de desmontar el monumento y trasladarlo bien a los espacios museísticos de la ciudad, bien al cementerio parroquial, previo acuerdo con la Diócesis de Orihuela-Alicante”. Además, en el caso de que el PP acabara ganando el proceso, el monolito podría “sin ninguna dificultad ser repuesto en su lugar original”.

Esos mismos cuatro magistrados, entre ellos el presidente de la sección, y una quinta compañera cambiaron de parecer el pasado lunes, cuando aceptaron la “medida cautelarísima” solicitada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz. El auto judicial que ordenaba la paralización del desmontaje de la pieza entró en el fax de la corporación a las 14.36 horas. Más de diez horas después del inicio de los trabajos, cuando solo faltaba retirar el pedestal.

El gobierno municipal, presa aún del estupor en que lo ha sumido la resolución del Tribunal Superior, ha presentado hoy sus alegaciones contra el auto, que volverá a ser revisado por los magistrados de la sección primera de lo Contencioso este miércoles. Los servicios jurídicos del ayuntamiento han aportado la sentencia de mayo relativa al recurso del concejal del PP y han mantenido el mismo criterio que los propios magistrados del TSJ fijaron entonces. La cruz no corre ningún peligro y podría regresar a su emplazamiento primitivo sin sufrir daño alguno si así lo ordena la Justicia en un futuro.

“Yo tengo ahora un problemón en mi pueblo. Con un monumento desmontado a medias, a falta del pedestal, y la Plaza de España vallada. Cuando solo hemos tratado de cumplir la ley y hay una sentencia firme que nos da la razón”, ha lamentado el alcalde de Callosa de Segura, Fran Maciá (PSPV-PSOE), en declaraciones a EL PAÍS. El tripartito permanece ahora a la espera de la decisión que puedan adoptar en las próximas horas los magistrados del TSJ. Mientras tanto, un dispositivo especial de seguridad integrado por Policía Local y Guardia Civil velará por que no haya altercados en esta localidad de 18.000 habitantes enclavada en el sur de la provincia de Alicante.

La consejera valenciana de Justicia, Gabriela Bravo, ha salido hoy en defensa de la legalidad de la actuación municipal y ha discrepado abiertamente de la resolución judicial. “Esa cruz se levanta en homenaje a los caídos que trataron de salvar a José Antonio (Primo de Rivera)”, ha dicho durante un desayuno informativo, y “es el lugar donde personas próximas o de la Falange han ido allí a homenajearle año tras año". En su opinión, el ayuntamiento “ha actuado en el marco de sus competencias y de que la ley estatal establece”, por lo que se está produciendo “un espectáculo lamentable”.

El traslado de la cruz de Callosa obligó el lunes de madrugada a cortar varias calles y establecer un fuerte dispositivo de la Guardia Civil para proteger la actuación de los operarios. Al final, dos personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad. Era la tercera vez que el ayuntamiento trataba de ejecutar el acuerdo del pleno en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, cuya legalidad avala una sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Elche. En las ocasiones anteriores, el monolito no pudo ser retirado porque decenas de vecinos lo impidieron.