Bustos intenta eludir la cárcel con un curso anticorrupción

Eran las 10 de la mañana del 27 de noviembre de 2012 cuando agentes de los Mossos d'Esquadra entraban en el Ayuntamiento de Sabadell destapando una trama de corrupción generalizada que se bautizó como caso Mercurio y que, cinco años después, se ha concretado en 38 causas abiertas —de las que solo quedan vivas 14—, más de 10.000 páginas de sumario, 65 investigados, un juicio celebrado y otro previsto para abril, y cuatro cargos condenados por varios delitos, entre ellos el exnúmero dos del PSC, Daniel Fernández, o el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos.

Fernández, Bustos y su hermano Paco Bustos, exconcejal de Sabadell, fueron condenados en 2015 por tráfico de influencias a 16 meses de prisión e inhabilitados por cuatro años y medio por haber presionado a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, para que enchufarauna persona cercana al PSC. El juez ofreció la posibilidad de eludir la entrada en prisión si en cinco años no volvían a cometer ningún delito, un plazo que se podía reducir a dos si sometían a un curso de formación sobre buenas prácticas en las Administración pública.

Los tres penados intentaron apuntarse al curso sobre prevención de la corrupción que debía impartir la Universitat Oberta de Catalunya, pero que finalmente se suspendió. Así que los acusados recurrieron a una entidad privada y la pasada primavera siguieron el Curso de transparencia y anticorrupción en la géstión pública. Después de comprovar “el seguimiento y el aprovechamiento” del curso, el juez les ha concedido la reducción a dos años la elusión del ingreso en prisión, que empieza a contar a partir de 29 de julio de 2016, cuando la sentencia del caso Montcada se declaró firme.

Bustos tendrá que afrontar en abril un nuevo juicio, también por tráfico de influencias, pero en esta ocasión por haber maniobrado supuestamente con el jefe de la policía local, también imputado, para quitar multas a varios miembros de su familia. La fiscalía ha solicitado para el exalcalde cuatro años de prisión y seis para el exmando policial.

Pero más allá de estas dos piezas de las 38 que ha tenido el caso Mercurio, el resto de investigaciones siguen su curso, aunque la mayoría de casos son de poca relevancia. 23 han sido archivadas, una ya tiene sentencia firme —Montcada— y 14 continúan en la mesa de la juez Beatriz Faura. La más importante de estas es la pieza 1, porque es la que debe demostrar las sospechas de la fiscalía anticorrupción sobre el cobro de comisiones por parte de las empresas a miembros del Ayuntamiento para lograr obras públicas, un extremo todavía no provado. En esta pieza no está imputado Manuel Bustos, que sí permanece investigado en siete piezas.

La de mayor relevancia es la que concierne a la concesión del contrato de basuras a la empresa Smatsa, un caso investigado por los Mossos, pero también por la Guardia Civil, ya que la empresa forma parte del grupo Véndex, investigado en el caso Pokémon. La policía catalana, que ha asumido toda la investigación, intenta dilucidar si Smatsa financió de forma irregular un acto de campaña del PSC de Sabadell en abril de 2011, meses antes de la renovación de la contrata de basuras. También si la adjudicación fue lícita, ya que la empresa, según la investigación, “habría llevado a cabo determinadas conductas irregulares para favorecer al personal vinculado al Ayuntamiento de Sabadell”, como contratar trabajadores vinculados a personal del Consistorio o pagar viajes a funcionarios. El registro en Smatsa también reveló una doble estructura de personal y anotaciones con sueldos en B.