Radiales de interés público
Los autores defienden que el transporte público y los vehículos limpios sean exmidos o paguen menos en las rescatadas autopistas de concesión madrileñas
La ciudadanía madrileña solo tiene claras dos cosas respecto a las llamadas radiales de peaje que atraviesan nuestra Comunidad: que solo las han aprovechado algunos, pero que acabaremos pagándolas todos. Pues bien, si estamos condenados a pagar la factura con dinero público, es hora de asegurarse de que su aprovechamiento también sea de carácter general.
Tanto la planificación como la explotación de estas radiales -R2, R3, R4, R5, M11, AP41-, allá por los años 1999 y 2000, constituyen por sí solas todo un manual de gestión ruinosa para el Estado y de negocio redondo para algunas empresas.
Las razones del fiasco son varias y evidentes: un diseño absurdo, porque casi todas desembocan en el atasco de la M-40; una previsión de tráficos irreal, porque la realidad no ha llegado al 20% de lo previsto; unos costes por expropiaciones disparados, porque así lo dispuso la ley Aznar del urbanismo salvaje...
Eso sí, los padres de esta maltrecha criatura -Aznar, Cascos, Aguirre, Gallardón- se aseguraron de que la factura del desastre acabara pagándola el erario público, mediante la fórmula de la “responsabilidad patrimonial del Estado”. Los políticos del PP ganaban su foto cortando cintas, las constructoras engrosaban su cuenta de beneficios, pero la ronda se pagaba con los impuestos de los de siempre.
Aquella crónica de la ruina anunciada culmina ahora con el encargo que hace el Gobierno a la sociedad pública SEITTSA para cubrir deudas y relicitar las concesiones. Se habla de entre 3.000 y 5.000 millones de euros. Para entendernos, prácticamente la mitad de lo que costaría financiar el ingreso mínimo vital para familias necesitadas que está negando este mismo Gobierno.
El Grupo Parlamentario Socialista está reclamando en el Congreso de los Diputados dos cosas: transparencia absoluta en el proceso y unas condiciones de relicitación que atiendan objetivos de interés público. Planteamos que las radiales sean de uso gratuito para todo el transporte público, y que se establezcan fuertes bonificaciones para los usuarios de vehículos con alta ocupación y de bajas emisiones contaminantes.
Con estas medidas lograríamos aminorar el colapso cotidiano de los tráficos en las carreteras de acceso a la capital, además de fomentar la movilidad sostenible, incentivar el uso del transporte público y colaborar en la lucha contra el cambio climático.
De esta manera, no se evitará el escarnio económico y moral para la ciudadanía madrileña, y por el que los políticos del PP debieran pedir perdón y asumir responsabilidades. Pero, al menos, los contribuyentes obtendrían una mínima compensación positiva.
Rafael Simancas y Carlota Merchán son diputados socialistas por Madrid en las Cortes Generales.
