Fiscalía no abrirá investigación penal en el centro de menores de Segorbe
El ministerio público justifica la decisión en la falta de datos y la antigüedad de los hechos denunciados
La Fiscalía de Castellón descarta abrir investigación penal para esclarecer los posibles hechos delictivos que motivaron el cierre del centro de acogida de menores La Resurrección del municipio castellonense de Segorbe. El fiscal jefe, José Luis Cuesta, argumenta la decisión del ministerio público en la falta de concreción de los hechos denunciados -como la autoría- y la antigüedad de los mismos, que podría haber llevado a su prescripción, “pues algunos tuvieron lugar más de un año antes”.
Todas estas irregularidades fueron recogidas en un informe que la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas trasladó a la Fiscalía de Menores la pasada primavera. Entre esas irregularidades figuraban “indicios de maltrato”, la administración de “poca comida y caducada” a los niños o castigos como someter a un menor a duchas frías en invierno.
“Cuando recibimos el informe de la Consejería, vimos que había un par de hechos que podían dar lugar a incoación, abrimos un expediente gubernativo para reflexionar sobre las causas del cierre y hasta lo comunicamos a Madrid. Sobre estos dos casos pedimos ampliación de datos, pero no fue suficiente para hacer nada”, ha añadido Cuesta a EL PAÍS. “No es que no viéramos indicios de delito, sino que con la información de la que disponíamos, tanto la original como en la ampliación solicitada del citado informe, no podíamos iniciar ningún procedimiento”.
A todo ello se suma la antigüedad de lo denunciado. “Valoramos que eran hechos de hacía más de un año que podrían haber prescrito perfectamente”, han indicado desde el ministerio público.
No obstante, la Fiscalía de Castellón no descarta que el caso pueda revisarse en un futuro “si alguien discrepa de nuestra decisión” y se suple la carencia de detalles esgrimida ahora para no actuar.
El centro, gestionado a través de un concierto de la Administración valenciana con la orden de las Hermanas Terciarias Capuchinas, cerró sus puertas el pasado mes de mayo. Los 18 pequeños acogidos en las instalaciones fueron trasladados entonces a diferentes dependencias de la red de tutela de menores de la Generalitat Valenciana.
Los escándalos ligados al centro no acaban con las irregularidades detectadas durante una inspección y que derivó en el informe del Consell. A las denuncias recogidas en este documento se suma otra previa por presunto abuso sexual a una menor por parte de un educador, que fue despedido por el centro.
Por otro lado, pocos días después del cierre de las instalaciones, el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital del Alto Palancia abrió investigación contra una cuidadora por presunta agresión e insultos racistas a un menor tutelado. La monitora había sido contratada por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas para acompañar en el autobús escolar a los niños desde su nuevo alojamiento al colegio de Segorbe donde habían cursado sus estudios hasta la fecha. Hace justo una semana el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó que la monitora será juzgada por un presunto delito leve de lesiones.
