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San Fernando debate denunciar a su anterior alcalde por prevaricación

Ángel Moreno (IU) adjudicó un trabajo sin publicidad a un abogado de su partido que ahora es concejal

Vista del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Vista del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.Jaime Villanueva

San Fernando de Henares debate este jueves en el pleno personarse en el juzgado contra el exalcalde Ángel Moreno (IU) por un posible delito de prevaricación. Así lo aconsejan los servicios jurídicos municipales en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS. Moreno, regidor entre 2013 y 2015, adjudicó sin publicidad un trabajo al abogado Félix Izquierdo, compañero de partido y concejal de IU en esta legislatura. El letrado, que también ha sido denunciado, alega que no cometió delito alguno porque entonces no era cargo público. La oposición (PSOE, PP e IU) pide dejar la cuestión sobre la mesa hasta tener más información y critica a la alcaldesa, de San Fernando Sí Puede (SFSP), por denunciar los hechos antes de presentarlos en el pleno.

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Moreno formalizó el 3 de septiembre de 2014 una hoja de encargo profesional con Izquierdo. El objetivo era defender al Ayuntamiento ante un recurso presentado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 15 de Madrid en el que se le reclamaban 3,2 millones de euros por una expropiación. Según los servicios jurídicos municipales, el encargo “contenía claramente la cuantía del procedimiento”. Se establecía una provisión de fondos de 9.000 euros “hasta que se dictara sentencia” y se fijaban los honorarios según las normas orientadoras fijadas por el Colegio de Abogados de Madrid. El importe total ascendía a los 91.315 euros. Tras ganar el pleito, el 27 de octubre de 2015 Izquierdo reclamó la cuantía, que redujo a 38.857 euros más la provisión de fondos.

En ambos casos la minuta excedía de los 18.000 euros máximos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público para adjudicaciones de servicios menores. Los letrados municipales entienden que en ese caso se debió aplicar el procedimiento negociado con publicidad. Este sistema implica que la adjudicación recaiga en un licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación tras efectuar las pertinentes consultas con diversos candidatos. “No me adjudicaron el caso por ser amigo del alcalde. No teníamos ninguna relación especial, salvo que ambos militábamos en IU. Si me lo adjudicaron es porque soy un abogado especializado en derecho administrativo con más de 30 años de experiencia”, se defiende Izquierdo.

Declaración en el juzgado

El letrado sostiene que el Consistorio reclamó sus servicios de forma urgente y que no había tiempo para hacer un concurso. La alcaldesa, Catalina Rodríguez (SFSP), explica que Izquierdo ha sido jefe de personal del Ayuntamiento y “sabe cómo funcionan las cosas”, por lo que debería conocer que la Ley de Contratos obliga a publicitar el servicio, aunque sea urgente. Además, aclara que “el Ayuntamiento contaba con abogados”, por lo que Izquierdo recibió el encargo por “ser amigo del alcalde”. Ambos declararán el 26 de octubre en el juzgado de Instrucción número 1 de Coslada. Este periódico no ha podido contactar con el exregidor, que se encuentra fuera de España. “Moreno está muy sorprendido. Cuando hace años ordena el trabajo, ni la tesorería ni la intervención pusieron reparos”, explica Izquierdo.

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“El objetivo principal soy yo. Ahora soy concejal y podrían declarar mi inhabilitación”, insiste el abogado. En las elecciones de 2015, Izquierdo fue en el número siete de la candidatura de IU, que obtuvo cuatro ediles. La renuncia de tres de ellos le llevó a tomar el acta en septiembre del año pasado. Este jueves el pleno del que forma parte deberá decidir si el Ayuntamiento se persona en el caso. Los partidos de la oposición (PP, PSOE e IU) ya han anunciado que pedirán que el punto quede sobre la mesa hasta que tengan más información. Además, critican que Rodríguez denunciara los hechos antes de dar cuenta en el pleno. La alcaldesa rechaza haber emprendido una acción judicial: “Solo puse el caso en conocimiento del juez en junio, como es mi obligación”. IU sostiene que la denuncia es “una persecución política” contra su partido, que se querelló contra Rodríguez por una presunta infracción en custodia de documento al permitir que un asesor externo pudiera acceder a datos del proceso sobre Plaza España. La alcaldesa, que ya fue reprobada por la oposición en mayo de 2016, fue imputada y tuvo que declarar en febrero.

El delfín de Setién

Ángel Moreno accedió a la alcaldía de San Fernando en abril de 2013 tras la renuncia de Julio Setién por "motivos personales". Hasta ese momento, Moreno había sido concejal de Hacienda de Setién, a quién la oposición acusó de "irresponsable" y de "no ser consciente de las dificultades que su Gobierno había generado en el municipio". En 2008, mientras Moreno era concejal de Deportes, Setién embarcó al Ayuntamiento en la remodelación de la plaza mayor del pueblo y las viviendas del siglo XVIII que la rodean. Creó una empresa de capital mixto (51 % de los vecinos y el 49 % del Ayuntamiento). Los ciudadanos aportaron sus viviendas para cubrir el valor de las acciones que se le asignaron, y el Ayuntamiento entregó la plaza como participación en la sociedad, un bien público con el que no está permitido comerciar. La actuación permitió que la empresa semipública se apropiase del subsuelo para construir un aparcamiento (prohibido por la normativa), cuya venta habría reportado 23 millones a la mercantil.

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