El delegado de la M-30 eleva a 9.400 millones el coste final de los túneles de la vía
Samuel Romero sostiene que la cifra sube por el coste de mantenimiento, financiero y de dividendos
Los túneles de la carretera de circunvalación de la capital M-30, el proyecto estrella del exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón (PP), costarán finalmente 9.400 millones de euros, según estimaciones del consejero apoderado de Madrid Calle 30, la sociedad mixta que gestiona la vía. El presupuesto inicial de la modificación de la M-30 era de 1.700 millones, pero luego terminó costando 3.600. Ahora, Samuel Romero sostiene que, con el coste de mantenimiento, financiero y de dividendos, esa cifra subirá a los 9.400 millones hasta 2040.
El presupuesto inicial de la modificación de la M-30 era de 1.700 millones de euros. Luego subió a los 2.500 millones, hasta llegar finalmente a 3.600 millones. Sin embargo, según sostuvo este miércoles el consejero apoderado de la sociedad mixta Madrid Calle 30, nombrado durante el mandato de Manuela Carmena, las estimaciones no incluían los costes de mantenimiento ni los financieros ni el pago de dividendos al socio privado, Emesa. Esta sociedad mixta está participada en un 80% por el Ayuntamiento y en un 20% por Ferrovial, Dragados y API.
Romero atacó este miércoles directamente el modelo de gestión de la sociedad mixta para hablar de los sobrecostes. "En la mayoría de las obras se aprueban hasta tres modificados y un proyecto complementario", explicó. El gestor criticó que algunos elementos que deberían haber formado parte del contrato inicial, firmado en 2005, apareciesen en estos proyectos complementarios, que normalmente deben obedecer a circunstancias sobrevenidas.
A finales de 2005, el Ayuntamiento modificó la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad mixta. En agosto, se adjudicó el concurso a favor de Emesa y, tras la concesión, quedó establecido el modelo económico financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta 2040.
El consejero denunció que con otro modificado se incluyeron en los anexos inversiones a futuro por las que el Consistorio paga un 5,5% de interés a Emesa, que no contabilizan en el 7% de rentabilidad anual. "Muchos de los conceptos que incluye el modificado de 2007 no son de mantenimiento, sino inversiones que la empresa adjudicataria planea realizar en el futuro", dijo.
De esta manera, Romero no solo rechazó la anterior gestión de la autopista, sino que abogó por un cambio del modelo de gestión, hacia la recuperación por parte del Consistorio. El consejero coincide en este diagnóstico con el actual concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato (IU). Mato habla desde hace meses de la opción de recuperar la gestión de la M-30, mientras que los concejales del PP denuncian que la comisión de investigación convocada por el Consistorio capitalino tiene "una finalidad política".
Otra compareciente, la directora del Sector Público del Consistorio entre 2013 y 2016, Marta Fernández, cifró la indemnización para revertir el contrato de mantenimiento de Madrid Calle 30 en 150 millones de euros, en declaraciones recogidas por Efe. Pero el concejal de Economía consideró que de no revertir el contrato, que se extiende hasta 2040, el Ayuntamiento abonaría otros 700 millones de euros más.
En el actual modelo de gestión, el Ayuntamiento se encarga de financiar las obras, mientras que los socios privados se ocupan del mantenimiento. Desde que Carmena llegó a la alcaldía (2015), el Ayuntamiento redujo el desembolso para estas inversiones. Solo este año, el recorte puede ser —según las estimaciones oficiales— el 57% de lo previsto. Cree que muchas de las previstas no son "prioritarias".
Las relaciones con las firmas privadas han empeorado después de que el Consistorio abrió seis expedientes por supuestos incumplimientos de los compromisos (todos recurridos por ellas). Algo inédito en la historia de esta sociedad mixta y que no coincide con los resultados de las auditorías externas. Estas, que fiscalizan la labor de estos operadores, detectan grados de cumplimiento de lo acordado de alrededor del 99%.
