Un militante del PP lleva a juicio al consejero de Transporte por coacciones

La magistrada Julia de la Asunción Serrano, al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz, ha dictado un auto por el que acuerda tramitar como un delito leve de coacciones la denuncia presentada el pasado mes de marzo por el militante del PP Alejandro Perea contra el actual consejero de Transporte, Pedro Rollán, y “otras personas relacionadas con el mismo”. El equipo de Rollán asegura que lo ocurrido se reduce a “una mala interpretación de los hechos” y resta relevancia a la denuncia.

La decisión de la magistrada supone la próxima celebración de una vista por un delito leve —los antiguos juicios de faltas— contra el dirigente del partido, cuya fecha aún no está fijada, según detallan a EL PAÍS fuentes judiciales. El miembro del Ejecutivo de Cristina Cifuentes es acusado por el denunciante de no haberle dejado ejercer durante dos horas ni el derecho al voto ni su función de apoderado de la candidatura de Luis Asúa en las primarias del pasado marzo, que enfrentaron a éste con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según la denuncia presentada el pasado 14 de marzo por Perea, los hechos se produjeron durante la votación de las elecciones internas que el PP de Madrid había celebrado en toda la región dos días antes. El militante asegura que ese día acudió poco antes de las 11 de la mañana, acompañado de otra persona, a la sede que los populares tienen en la calle Hospital, de Torrejón de Ardoz, para votar y ejercer como apoderado del único rival de Cifuentes en las primarias. Según su denuncia, Pedro Rollán y el alcalde del municipio le impidieron entrar.

“Me vejan públicamente, acercándose de manera intimidatoria y cogiéndome fuertemente del brazo uno, empujándome la espalda otro y forzándome a salir de la sede y situarme en la puerta de entrada”, detalla en el texto de la misma.

Siempre según la versión del denunciante, Rollán esgrimió su supuesta expulsión como militante del partido para justificar su actitud, pese a que Perea figuraba en el censo, por lo que éste decidió telefonear a dos dirigentes del PP de Madrid para que tuvieran conocimiento de los hechos e instaran al consejero de Transporte a que depusiera su actitud. En concreto, asegura haber hablado con Guillermo Mayoral, gerente del partido en Madrid, y con Ana Camins, secretaria del Comité de Organización del Congreso. 

“Amedrentar”

El relato del militante del PP añade que esta situación se mantuvo “durante dos horas” en las que, además de permanecer fuera de la sala donde se celebraba la votación, asegura haber sido insultado. “A pesar de estar cerrada la puerta —se lee en la denuncia—, se escuchan insultos dirigidos a mi persona: niñato, gilipollas, payaso...”. Finalmente, sobre las 12.50, asegura que se le permitió el acceso y votar.

El denunciante añade que, pese a ello, siguió siendo objeto de comentarios “en voz alta”, que considera que tenían como único fin “vejarme en público”. E, incluso, detalla que en una ocasión el propio Rollán se le encaró “a escasos centímetros de mi rostro para amedrentar”. Alejandro Perea afirma también que fue testigo de supuestas actuaciones irregulares de Rollán y otros dirigentes del PP local, lo que hizo que “la libertad, secreto y discrecionalidad del voto” de los militantes se viera “enturbiada”.

Tras presentar la denuncia por “delitos en el marco de un proceso electoral”, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz en aquel momento, Raquel Rodríguez Gómez, abrió las diligencias previas 463/2017 y tomó declaración tanto a Alejandro Perea como a la persona que lo acompañaba. Finalmente, el pasado 11 de julio su sustituta, la juez De la Asunción, dictaba el auto en el que calificaba los hechos de delito leve de coacciones y abría la puerta a la celebración del juicio.