Sortu considera que la delación sería un “suicidio político” para los presos de ETA
'Kubati' insiste en que los reclusos no se arrepentirán ni ayudarán a esclarecer atentados
El representante de Sortu y exetarra Antton López Ruiz Kubati ha defendido este domingo la decisión adoptada por el colectivo de presos de ETA (EPPK) de acogerse individualmente a la legislación para obtener beneficios penitenciarios y facilitar su acercamiento a cárceles próximas al País Vasco, aunque los reclusos rechazan pedir perdón por el daño causado ni colaborar con la justicia para esclarecer atentados. Kubati ha señalado sobre esto último que los presos de la banda no van a denunciar a sus "compañeros" con causas pendientes porque sería "un suicidio político".
Kubati y Oihana Garmendia, ambos expresos y portavoces de la Comisión de Sortu por los presos, ha comparecido hoy en San Sebastián para valorar las conclusiones del documento con el que el EPPK ha completado su debate interno y en el que los presos -en la actualidad cumplen condena 300 terroristas- aceptan iniciar individualmente los trámites para acogerse a la "vía legal" para conseguir redenciones, destinos carcelarios, cambios de grado, permisos o libertades condicionales.
Los presos de ETA se avienen ahora a cualquier tipo de acercamiento, aunque sea parcial, a prisiones del País Vasco o próximas a esta comunidad autónoma, aunque advierten de que no aceptarán que "nadie" les pida "ni el arrepentimiento político ni la colaboración para encarcelar o alargar las condenas de otros compañeros".
Sobre esta cuestión, Kubati ha manifestado que no aceptarán la delación porque "en definitiva sería su suicidio político". La cooperación con la justicia, ha añadido, "es una cuestión que el colectivo no va a aceptar porque se le exige colaborar con algo que ni siquiera está bien visto por la sociedad".
El exrecluso, que cumplió 26 años de condena por cometer 13 asesinatos, entre otros el de la dirigente etarra Dolores González Yoyes, ha recordado que "la izquierda abertzale ha tenido muy claro desde el principio" que la Ley 7/2003, que establece requisitos específicos para los condenados por terrorismo, "no es válida para caminar por la vía que se necesita en estos momentos". "No estamos dispuestos a vender nuestra cabeza política, exigirnos que tenemos que delatar a nuestros compañeros está fuera de lugar", ha insistido.
López ha reclamado que a los presos de ETA les sea de aplicación la "ley ordinaria", al igual que al resto de reclusos, si bien ha avanzado que, en su opinión, no será "un proceso fácil" ya que "todos los indicios apuntan a que el Estado seguirá queriendo aplicar la legislación de excepción 7/2003", con la que "tratará de entorpecer la nueva vía abierta" por el EPPK.
La hoja de ruta marcada por el EPPK para "trabajar la vía jurídica" será la siguiente: cada preso se hará con su dossier jurídico y estudiará con los abogados las opciones que ofrece la legalidad actual. Ese informe de cada preso se trasladará en primer lugar a la dirección del colectivo, luego a los ciudadanos "para que en los pueblos sepan" cuál es la situación y posteriormente quedará en manos de cada preso los pasos que decida adoptar.
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