Venezolanos protestan porque Colau impide una consulta contra Maduro en un centro cívico
El Ayuntamiento asegura que no se han tramitado los permisos para poder hacerlo
Sorpresa, caos, improvisación, organización y finalmente, las votaciones en la calle. El Ayuntamiento de Barcelona impidió ayer realizar en el centro cívico Pere Quart del distrito de Les Corts la consulta convocada por la oposición venezolana a Nicolás Maduro. La organización de las votaciones había alquilado una sala grande del centro cívico, pero el consistorio que dirige la alcaldesa Ada Colau aseguró que la actividad no contaba con la autorización necesaria. Finalmente, las votaciones se celebraron en la calle, lo que comportó cortes de tráfico por las largas colas que se formaron. A las siete de la tarde, con las urnas a punto de cerrar, habían votado más de 14.000 personas, según la organización.
El concejal del distrito, Agustí Colom, admitió que la sala fue reservada, pero explicó que no se autorizó la consulta en el centro cívico Pere Quart por "la naturaleza del acto, que no es propia de un centro cívico y por su dimensión, con 16.000 personas previstas según la propia organización" en un espacio cerrado. Un acto así hubiese requerido, dijo, "formularios, planes de autoprotección y otros elementos". Por su parte, Adriana Rubial, coordinadora de la consulta y de la Mesa de la Unidad, respondió que el centro cívico tenía constancia de qué actividad iba a realizarse: "Explicamos que era para las elecciones, que serían 15 mesas, incluso figura en el concepto de la factura", aseguraba ayer por la tarde. Señaló incluso que tanto los Mossos d'Esquadra como la Guardia Urbana estaban avisados.
Rubial lamentó las condiciones de la votación, pero celebró que finalmente los venezolanos que viven en Barcelona pudieran participar en la consulta, para la que se montaron 15 mesas cedidas por el consistorio. "Ni siquiera trajimos crema solar, ni toldos... pudimos enchufar las neveras con el agua gracias al enchufe que nos prestó una panadería", dijo. La coordinadora de la consulta en Barcelona aseguró que "hasta que ha gobernado Podemos [en referencia al gobierno de Colau] nunca" habían tenido problemas al alquilar locales públicos o privados. En las otras tres capitales de provincia de Cataluña la votación de ayer se realizó en locales privados.
A primera hora de ayer la organización SOSVenezuelaBcn fue quien alertó a través de las redes sociales de que encontraron el centro cívico cerrado y de que un representante municipal les comunicó que no podrían celebrar allí la consulta por falta de permiso. Rubial aseguró que la organización tomará acciones legales. "Ha sido una respuesta política", lamentó acusó al gobierno municipal de censurar y vetar esta consulta.
Un portavoz municipal explicó que el Ayuntamiento tuvo constancia el sábado por la tarde de la intención de la plataforma opositora a Maduro de montar las urnas en el centro cívico, después de que la propia organización acudiera a la Guardia Urbana a pedir que garantizaran la seguridad en una votación a la que esperaban que entre 18.000 y 20.000 personas acudieran a votar.
Desde la oposición en el ayuntamiento, PP, Ciutadans y el PDeCAT cargaron contra la actitud del distrito. El presidente del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, afirmó que "Colau se ha convertido en cómplice al vetar la votación de los venezolanos en rechazo a la dictadura de Maduro". Y acusó a Colau, de presumir de defender los Derechos Humanos, mientras "silencia la voz del Ayuntamiento" sobre la situación de Venezuela.
Por su parte, la líder de Ciutadans en el consistorio, Carina Mejías, vinculó la no cesión del centro cívico de Les Corts con el referéndum independentista convocado en Cataluña el día 1 de octubre: "El referéndum del 1-O tampoco tiene permiso y además es ilegal. Estaremos atentos a la actitud del Ayuntamiento", dijo en relación a la incógnita sobre si el gobierno de Colau acabará cediendo o no locales municipales para votar.
El grupo del PDeCAT criticó las "excusas burocráticas" de la alcaldesa Ada Colau para, a su juicio,
"dificultar" el voto en la consulta contra el proceso constituyente del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Los nacionalistas señalaron que esta actitud "pone de manifiesto cual será la posición de los comunes el próximo 1 de octubre", fecha en la que está previsto el referéndum de independencia. El concejal Jordi Martí denunció que "Colau hoy [por ayer] se comporta como lo hizo el Gobierno del PP con el 9N, disminuyendo el significado de la votación y poniendo todas las dificultades del mundo".
