El marco y la foto

Siempre he tenido la sensación de que hay una cierta filosofía espontánea de los saberes y oficios. Del mismo modo que los filósofos tendemos a quedar colgados de la abstracción y pensamos que encontrando la categoría adecuada se entiende todo, las distintas disciplinas del derecho relacionadas con lo público (en el derecho civil ocurre todo lo contrario) tienden espontáneamente a confundir la realidad con la ley. Como si la ley fuera el horizonte de lo posible. Creo que estaríamos de acuerdo en que el progreso jurídico consiste precisamente en ampliar la capacidad de reconocimiento en todos los ámbitos. Y en sacar de la oscuridad realidades que durante siglos han sido ninguneadas, condenadas a la exclusión. La libertad es anterior a la ley, ésta la limita incluso cuando la protege. Y la virtud está en encontrar el punto óptimo —el más incluyente— en la relación entre la libertad y la ley.

De ahí mi asombro por el desfile en los medios de comunicación de juristas con etiqueta de constitucionalista, algunos habituales de la prensa escrita, otros no, reclamándole a Rajoy que acelere la activación de los artículos de la Constitución que ofrecen un arsenal represivo para cuadrar al soberanismo catalán. Incluso se leen sofisticados alardes de sabiduría jurídica para dar forma objetiva de delito o de violación constitucional a comportamientos que se sitúan en el ámbito de lo declarativo y de lo propagandístico, es decir, de la libertad de expresión, y que carecen de eficacia jurídica y administrativa.

Me sorprende esta actitud, como si la plenitud del constitucionalista fuera ver la Constitución desplegando toda su potencia en acto, incluso en aquellos artículos que, como se ha dicho, se redactaron con la presunción de que nunca tendrían que activarse. Como me sorprende que algunos juristas avalen la estrategia de Rajoy de transferir las respuestas al soberanismo al Tribunal Constitucional. Si nos atenemos al principio de separación de poderes la elisión de responsabilidades políticas por parte del presidente es una actitud manifiestamente inconstitucional. La confusión de funciones degrada la democracia. Me pregunto: ¿por qué se oyen más los constitucionalistas dispuestos a hacer valer la Constitución como arma para combatir al soberanismo que los partidarios de pensar la manera de abrirla para que quepamos todos? Volvemos a la filosofía espontánea de la que hablábamos antes. No es la Constitución la que configura una sociedad, como parece que algunos entienden, es la sociedad la que busca una Constitución que la regule adecuadamente. Las sociedades se dotan de una Constitución y no al revés. Y cuando la foto cambia, los marcos cambian.

Desde 1978 hemos vivido en un inmovilismo constitucional manifiesto. El bipartidismo ha tenido pánico a cambiar la Constitución, y puede que esta actitud sea contaminante. Pero parece que para un constitucionalista debería ser más interesante pensar cómo hacerla evolucionar para que se puedan establecer formas de articulación satisfactorias para todos que explorar todas las posibilidades del articulado vigente para frenar el paso al independentismo. Cuando se decreta la independencia como un ideal imposible —por ser ilegal— se está produciendo una manifiesta negación de realidad. Guste o no el independentismo existe.

En una entrevista de Cristian Segura en este periódico, Timothy Garton Ash, con la ventaja de la mirada forastera en situaciones enturbiadas, decía: “La política de Rajoy y del PP ha sido extremadamente insensata por no haber intentado ver la situación desde el punto de vista catalán. Entiendo que es un problema político, no legal”. Precisamente, reconocer al otro, tratar de entender su perspectiva, es condición de cualquier solución política. Y explorar vías constitucionales atrevidas era una forma de contribuir a este reconocimiento. Puede, sin embargo, que mi asombro venga de la ingenuidad de leer como argumentos jurídicos lo que simplemente son trajes a medida para una apuesta política e ideológica concreta.

Toda la confusión viene del mismo lugar: al convertir al Tribunal Constitucional en el ariete contra el soberanismo pasa a ser un instrumento político. Y la hipótesis de la reforma queda sustituida por los métodos de acción. Dicen que en mayo Puigdemont pidió a Rajoy negociar una salida y que el presidente le exigió la retirada del referéndum. Puigdemont respondió: “No puedo”, sería “una claudicación”. Si al inicio de la crisis, hace cinco años, Rajoy hubiese actuado con diligencia ni Mas ni Puigdemont le hubieran podido dar esta respuesta.