El juez investiga si la empresa de las prótesis caducadas financió a CiU en Reus
Josep Prat afirma que el Ayuntamiento favoreció a la empresa, investigada por vender material caducado
El juez del caso Innova investiga si el propietario de la empresa de prótesis Traiber, Lluís Márquez, financió la campaña electoral de CiU en Reus en las elecciones municipales de 2011 para obtener un trato de favor para sus productos en el hospital municipal Sant Joan.
Las prótesis de cadera, rodilla y columna vertebral de Traiber fueron retiradas a finales de 2014 del mercado después de que la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) descubriera graves irregularidades, como la venta de piezas defectuosas, con los certificados falseados y que en algunos casos llevaban más de una década caducadas. La alerta sanitaria lanzada por la AEMPS obligó a reoperar a decenas de pacientes.
Según una parte del sumario del caso, a la que ha tenido acceso Efe, el juez indaga si Márquez dio una "ayuda importante" a la campaña que llevó al Carles Pellicer (PDECat) a la alcaldía. Las pesquisas se basan en las declaraciones ante el juez de Josep Prat, exdirector de Innova y uno de los principales acusados en la causa. Según Prat, poco después de las elecciones se reunió en el Ayuntamiento con Pellicer y la teniente de alcalde Teresa Gomis (también investigada).
En ese encuentro, contó Prat, "la señora Gomis ratificaba todo lo que le decía el alcalde, que decía que el señor Márquez había ayudado en la financiación de la campaña y que había que devolverle el favor". Según la declaración de Prat, Gomis ya le había comunicado antes que "había que intentar devolverle el favor" a Márquez "ayudándole" con las compras de los hospitales del grupo Sagessa, la empresa municipal dedicada al sector sanitario y que gestiona, además del de Reus, los hospitales de Móra d'Ebre y Amposta.
En la reunión, Prat explicó que él mismo sugirió al alcalde que presentara al empresario a los consellers de Empresa, Xavier Mena, y de Salud, Boi Ruiz, ya que Márquez "tenía intención de incrementar sus ventas en el Grupo Sagessa y en Cataluña en general".
El sumario del caso —de una parte del cual el juez ha levantado hoy el secreto— no aporta por ahora evidencias de los pagos de Traiber a la campaña de CiU denunciados por Prat.
Traiber había vendido sus implantes sin problemas entre los años 2007 y 2011 al hospital Sant Joan de Reus, pero cesó las ventas por el descontento del nuevo jefe de traumatología con la calidad de la marca. Gomis, el exconcejal de Promoción Económica Marc Arza (también investigado) y Márquez se reunieron con este doctor, que declaró al juez haberse sentido presionado, y posteriormente Traiber reanudó sus ventas al hospital.
El hospital de Sant Joan concentra 1.400 de los 6.000 pacientes afectados por prótesis de cadera, columna y rodilla defectuosas de Traiber en once comunidades autónomas.
El juez atribuye a Márquez, a la exprimera teniente de alcalde Teresa Gomis y al exconcejal de Promoción Económica Marc Arza, ambos de CiU, delitos societarios y contra la salud pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Josep Prat, que además de director de Innova era presidente del Institut Català de la Salut (ICS) hasta el estallido del caso, ocupa una parte esencial de las investigaciones del caso Innova. En un giro clave para el caso, Prat pasó hace un año a colaborar con la justicia y sus declaraciones ante el juez están abriendo nuevas vías de investigación.
El Partit Demòcrata Europeu Català de Reus se desmarcó anoche de las sospechas que afectan a su anterior marca electoral. "No hemos recibido ninguna cantidad económica de la empresa Traiber ni de su gerente, Lluís Márquez", dijo
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