El alcalde de Granada defiende que actuó con “transparencia” en unos cursos investigados

El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, ha defendido este lunes que "siempre" actuó "con total transparencia" durante su etapa como delegado de Economía e Innovación de la Junta en Granada. Así lo ha asegurado el regidor a su llegada a los juzgados de Sevilla para declarar por su imputación por la contratación de particulares para inspeccionar cursos de formación en Economía Social, una función reservada por ley a los funcionarios del Ejecutivo. El regidor está investigado (antes imputado) por malversación, prevaricación y usurpación de funciones públicas.

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Cuenca ha asegurado ante los periodistas que "no hay nada que ponga en duda" su "honestidad" y ha confiado en "aclarar esta situación y seguir trabajando por cambiar Granada". El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, entiende que Cuenca, como delegado de la Junta, "habría efectuado la ilícita contratación" de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de dichos cursos en esta provincia durante los ejercicios 2010 y 2011, todo ello "de forma injusta y arbitraria". Cuenca ha defendido que se trata de "cuestiones meramente administrativas" y ha aseverado que, en este caso, "no hay nada de corrupción", informa Europa Press. "No se está cuestionando el buen uso del dinero público ni que se haya perdido dinero ni que nadie haya metido la mano", ha indicado el primer edil. La causa se inició tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios.

En un auto, el magistrado relata que en esos dos años se llevó a cabo la adjudicación directa de los servicios a través de dos instrumentos calificados como Memoria Justificativa, "articulados como un contrato menor de servicios, y en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva". Según precisa, el contrato menor correspondiente al ejercicio 2010 sería de 12.412 euros y el de 2011 de 12.000 euros, "atribuyéndose así la detentación de funciones públicas a las empresas contratistas Eca Grupo Bureau Veritas (2010) y CRL Consultores y Asesores Asociados, S.C.A. (2011) de forma injusta y arbitraria".  Según el juez, esta "detentación" se habría materializado en el empleo de documentación administrativa "consistente en modelos de Actas e Informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas".

Además de al alcalde de Granada, quien accedió al cargo la pasada primavera tras la detención de su predecesor, José Torres Hurtado (PP), el juez ha citado a declarar como investigados entre noviembre y diciembre a otros nueve ex altos cargos de la Consejería de Economía e Innovación.