Prohibir la estelada

La bandera independentista catalana se ha convertido en un apetecible reclamo electoral. El macizo de la raza, término que Dionisio Ridruejo tomó prestado de Antonio Machado, respiró aliviado después de que la Delegación del Gobierno en Madrid vetara la exhibición de la estelada en la final de la Copa del Rey. La autoridad se imponía a la anarquía, la unidad de España al separatismo... Unas expresiones más propias de la España que ora y bosteza que de la de progreso y tolerancia. Pero la controvertida decisión —para evitar, decía la delegación, banderas que “inciten o fomenten comportamientos violentos o terroristas”— chocó con la justicia. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid impidió el viernes pasado que el Ejecutivo popular impusiera su voluntad por la vía de los hechos consumados.

Hace apenas tres semanas, Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, archivó por segunda vez la pitada al himno español en la final de la copa del Rey de 2015 por parte de aficionados del Athletic de Bilbao y del Barcelona. La insistencia de la fiscalía contrastaba —según los argumentos del juez— con la actitud laxa mantenida por el ministerio público en 2009, cuando ante una situación idéntica no apreció delito alguno.

Ahora el juez de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, que ha dado el revés al Gobierno de Rajoy y a una insistente fiscalía, ha partido de la premisa de que la exhibición de banderas “que manifiestan un sentimiento o ideología no generan violencia, racismo, xenofobia o intolerancia”, que son las condiciones que establece la ley para prohibir los símbolos en un recinto deportivo. Según el juez, las esteladas son “una mera manifestación de la libertad ideológica” recogida en la Constitución.

“El valor del pluralismo político comporta la libertad para pensar, expresarse y participar o no participar en los procesos políticos en condiciones de transparencia e igualdad con los demás actores políticos, y en la medida en que la democracia implica pluralismo, ampara la discrepancia y las formas en las que ésta pueda manifestarse, siempre que esa expresión sea, a su vez, respetuosa con los derechos de los demás”, apunta el juez. Todo un despliegue de ese sentido común del que carece la Delegación del Gobierno en Madrid.

La bandera independentista es algo que, guste o no, ha venido para quedarse. Un 47,8% del electorado catalán se inclinó a favor de opciones secesionistas en las pasadas elecciones autonómicas. Si casi la mitad de los votantes se manifestó en esa dirección, el camino más adecuado para combatirlo políticamente no es matar las emociones con prohibiciones, recuperando la mejor tradición del franquismo.

También es cierto que muchos de los que ahora se han rasgado las vestiduras ante la eventual prohibición, serían incapaces de soportar que su himno fuese pitado en un estadio. La carga emocional convierte el territorio de los símbolos nacionales en un campo de minas. De lo que no cabe duda alguna es que en el siglo XXI matar la libertad con la prohibición no es un recurso. Ni siquiera el PP catalán entendía una prohibición que le devuelve a las casillas su peor tradición: la que inauguró el partido de Mariano Rajoy presentando el recurso al Estatuto catalán, para lo que no reparó en utilizar todos los resortes políticos hasta lograr una composición del Tribunal Constitucional acorde con sus objetivos.

Sin duda la decisión de la delegada del Gobierno en Madrid pretendía buscar réditos para un PP en horas bajas y sin socios a la vista. Nada mejor que aferrarse a la polarización política contra extremistas y separatistas y presentarse como único garante de la España eterna para mantener la comunión entre el partido y ese macizo de la raza que es su electorado más conservador. Utopías compensatorias instrumentalizadas para fines políticos, decía Eric Hobsbawm sobre las naciones tratando de introducir racionalidad.

En todo caso y en lo que hace a las actitudes, lo apuntaba, con motivo de la pitada en 2015 al himno y al Rey, José María Mena, ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en este diario: “Solo superaremos esta peligrosa espiral de intolerancia recíproca comprendiendo y respetando a los que se sienten sinceramente ofendidos, y estos, preguntándose por qué pitaron aquellos, desterrando cualquier remedio represivo, desacralizando todos los símbolos, y, ante todo, con democrática buena educación”. Lo importante es la convivencia. Y a favor de ella deberían trabajar los políticos, no únicamente los jueces.