Desgobierno y refugiados

Distintas instituciones catalanas se han quejado de que su voluntad de acoger a un número concreto de refugiados y ubicarlos en nuestro país choca con la negativa del gobierno español que es el que ostenta las competencias para ejercer la protección previa a la acogida de los refugiados. De modo parecido se ha expresado la representante de ACNUR en España lamentando la parálisis total del gobierno en esta cuestión. El gobierno español está en funciones y considera que este es un problema ajeno a las tareas imprescindibles que le corresponden en su situación. Hasta ahora, los refugiados que han venido a España mediante el cupo asignado por la UE es ridícula: dieciocho personas. No es que no quieran venir porque no hay trabajo, como se ha hecho creer y como insinuó en su última entrevista con Jordi Évole el presidente Rajoy. Es absurdo creer que quienes se juegan la vida para huir de su país no estén dispuestos a hacer lo que sea a cambio de recibir un asilo mínimamente digno. La verdad es que no vienen porque nadie se ocupa de gestionar su traslado.

Se ha aludido hasta la saciedad a la pésima gestión y a la indiferencia con que se está afrontando uno de los dramas peores que ha vivido Europa en los últimos años. Una vez más, la Unión Europea se muestra incapaz de actuar colectivamente y hacer una política conjunta. Los grandes problemas no son abordados de forma unificada. La crítica más persistente a los recientes atentados de Bruselas ha sido la de la falta de coordinación de los distintos gobiernos para transferir datos y actuar conjuntamente. La crisis de los refugiados pone de manifiesto de nuevo el egoísmo de los estados, la despreocupación de cada gobierno por las cuestiones que no afectan directamente a sus electores. Por no hablar de la reacción más vergonzosa, la de los movimientos y partidos que extienden sin dificultad su influencia xenófoba a quien se deje contaminar por ella. Como decía hace poco Craig Calhounm, director de la London School of Economics, en este periódico, el debate europeo está lleno de “estereotipos nacionales”, la cooperación es un valor desaparecido en un mundo que vive en perpetua conexión, pero no para ayudar a los que más lo necesitan. Un mundo donde la política descuida el fin de la justicia común, y la economía se desentiende de alcanzar la prosperidad para todos.

La falta de cooperación no afecta sólo al funcionamiento de la Unión Europea. Es un hecho indiscutible a nivel nacional. El gobierno se desentiende de sus funciones porque está “en funciones”, lo que significa que atender a los refugiados no es función urgente. La oposición, por su parte, enfrascada en tejer un acuerdo que no consigue, abdica igualmente de otras tareas perentorias que le corresponden, porque también para eso se les ha votado. Preocupa más la propaganda que la política. Demasiadas ruedas de prensa y declaraciones para no decir nada, que solo refuerzan la impresión de que tenemos unos políticos incompetentes para hacer algo nuevo y distinto de lo que se ha hecho hasta ahora. Algo nuevo es conseguir unirse por unos objetivos, no por defender unas siglas ni por aferrarse a la única propuesta que separa a los que dicen estar por el pacto. Si en los municipios ha sido más fácil consensuar gobiernos de coalición es porque no hay altavoces que pongan de manifiesto las querellas internas de cada partido o entre unos partidos y otros. Y, por cierto, también hay municipios dispuestos a acoger a refugiados y, a su vez, impotentes, para hacerlo.

Que la cooperación no es un ingrediente de la política de nuestro tiempo lo pone de manifiesto el que hayamos convertido el cooperar en un oficio. Tenemos cooperantes profesionales que acuden a los lugares donde hace falta la respuesta y la solicitud inmediata que los gobiernos no son capaces de dar. La cooperación, como mucho, es el pariente pobre de las obligaciones internacionales, el que debería recibir un 0,7% del presupuesto según unos acuerdos que nunca han llegado a cumplirse del todo. Cooperar, hoy por hoy, es una cuestión que tiene más que ver con la caridad que con la justicia, pues depende más de las voluntades individuales que de las colectivas. No es un valor inscrito en los comportamientos de los estados nacionales. Por eso hay que apostar por un futuro federal, que imprima un carácter personal y colectivo más afín con el reconocimiento real de los derechos fundamentales.

Victoria Camps es filósofa.