La Audiencia rechaza retrasar el juicio de Emarsa, que arranca en noviembre

La Audiencia de Valencia ha rechazado retrasar el inicio del juicio del caso Emarsa. La fiscalía y las defensas de los acusados habían pedido posponer el inicio de las sesiones hasta que Jorge Ignacio Roca Samper, considerado uno de los cabecillas de la trama que supuestamente saqueó la empresa pública que gestionaba la depuradora de Valencia, fuera extraditado a España desde Moldavia. El juicio arrancará así el 4 de noviembre y durará hasta mayo.

Los 24 acusados, que en su mayoría rechazan los cargos, afrontan peticiones de pena que alcanzan 14 años de cárcel como supuestos autores de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y prevaricación.

La Sección Primera de la Audiencia ha denegado la solicitud de la fiscalía, a la que se sumaron las defensas, con el argumento de que en la "documentación aportada no hay elementos que permitan conocer, ni siquiera de forma aproximada, la fecha en que pueda hacerse efectiva la extradición". "Faltando ese dato esencial no resulta posible valorar y decidir sobre la petición de suspensión, sin perjuicio de lo que se pueda acordar en un momento posterior", resuelven los jueces.

La fiscalía y el juez instructor han atribuido un papel relevante al empresario de lodos Jorge Roca en el presunto fraude, pero todavía no han podido interrogarlo. Roca desapareció antes de que el escándalo de Emarsa saliera a la luz y estuvo cerca de cinco años en busca y captura hasta que fue detenido en junio en Moldavia, donde vivía bajo una identidad falsa.

El ministerio público considera que Roca puede acabar de componer el rompecabezas de la causa. Según su tesis, Roca utilizó varias empresas para encarecer artificialmente el coste de la depuración del agua que Emarsa recibía de la red de alcantarillas de Valencia. Y que habría entregado parte de esas comisiones a los responsables de la planta depuradora y del ente público de la Generalitat encargado de la gestión de aguas, primero repartiendo el dinero en metálico y más tarde a través de tarjetas de crédito.

Un total de 24 personas se sentarán en el banquillo acusados de haber participado en distinto grado en un fraude que alcanzó, según estimó el magistrado instructor Vicente Ríos, 23,7 millones de euros. Entre los imputados se encuentra Enrique Crespo, ex alcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia en la época en que Alfonso Rus dirigía la institución provincial; Esteban Cuesta, que fue gerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) y alcalde pedáneo de Benimàmet con el PP; y dos ex altos cargos de la empresa de agua de la Generalitat Epsar, Ignacio Bernácer y José Juan Morenilla.

La fiscalía mantiene que los procesados se apropiaron de "cuantiosas sumas" de dinero de la sociedad metropolitana. Según el ministerio público, para ello "diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan" con el fin de manipular los datos de depuración de las aguas residuales de Valencia y su área metropolitana. Los directivos de Emarsa y los proveedores encausados habrían hecho pagar a la planta depuradora, además, por obras y suministros falsos, y los primeros habrían cobrado sobresueldos indebidos.

Los registros y la investigación patrimonial realizada por la policía y Hacienda revelaron que los principales acusados disponían de numerosas cuentas bancarias, incluidas algunas abiertas en Andorra, lingotes de oro y propiedades inmobiliarias, así como automóviles a su nombre o al de familiares cercanos no explicables por sus ingresos declarados.

La causa que instruyó el juez Ríos tiene varias piezas separadas que incluyen acusaciones de blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes. Una de las ramificaciones de Emarsa se juzgó este año y en ella fue condenado a dos años de cárcel el hermano de Enrique Crespo por ingresar en un banco en Andorra dinero de "origen ilícito". Crespo, su hermano y sus padres también serán juzgados por intentar ocultar supuestamente un premio de 12,3 millones de euros de la Lotería de Navidad con el objetivo, según el juez instructor y la fiscalía, de evitar que le fuera embargado.

El calendario del juicio prevé que los primeros días de noviembre se dediquen a las cuestiones previas, donde podría volver a plantearse la conveniencia de esperar a la entrega a España de Roca, cuya extradición ha sido solicitada. Los acusados declararán a partir de la segunda mitad de noviembre. La comparecencia de testigos empezará en diciembre y se extenderá hasta mayo. Las conclusiones están previstas para mayo, con lo que la sentencia se conocerá probablemente en el verano de 2016.