Plan general de emergencia

Decía en 2014 el presidente regional Ignacio González que no había malnutrición infantil sino sobrepeso, mientras que Cáritas, Cruz Roja o Mensajeros de la Paz opinaban lo contrario. Ahora muchos gobiernos municipales están poniendo en marcha “planes de emergencia”. Cumplen el compromiso de muchos programas socialistas y de fuerzas en la órbita de Podemos, quienes lo han puesto de condición para apoyar gobiernos de izquierda. Getafe y Leganés han mediado en desahucios y Móstoles negociará con los bancos. Queda ver qué hace la presidenta Cristina Cifuentes, dispuesta en campaña a sostener comedores escolares en verano.

Para apoyar gobiernos del PSOE Podemos ha exigido políticas de auxilio

Madrid es la tercera la región en la que cada habitante gasta más (12.558 euros), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero en 2013, el 33% no podía irse una semana de vacaciones, un 37% no era capaz de hacer frente a imprevistos o un 7,9% a sus recibos. La intención de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, de dar de comer y cenar a todos los menores de 18 años necesitados no es única. Lo que diferencia a unos municipios de otros es la apertura o no de las escuelas, algo que para algunos estigmatiza. El alcalde de Leganés (PSOE 189.000 habitantes), Santiago Llorente, se comprometió a que “los comedores escolares estén abiertos los 365 días para que los niños puedan comer caliente”. La Plataforma del Defensor del Menor habla de 700 pequeños desfavorecidos.

Los asistentes sociales de Fuenlabrada llevan 30 años tejiendo un modelo que, según fuentes municipales, se pretende seguir en otras localidades socialistas. Su partida social es de 1,5 millones. Este curso se becó las comidas y las meriendas de 1.400 niños y en 2014 se repartieron 20.600 bonos para comprar en la gran superficie que este año haya ganado el concurso.

En Alcalá de Henares (200.000), los socialistas han rascado de otras partidas para doblar la inversión (hasta los 80.000 euros), destinada a las necesidades básicas de los menores. A los campamentos estos no asistirán dos semanas como antes, sino todo el tiempo que sea necesario. “Mucha gente no sabe que existen”, explica Yolanda Besteiro, concejal de Asuntos Sociales. “Queremos llegar a la franja de entre 12 y 18 años. Al estar en secundaria —donde no hay comedor— no están atendidos”. Podrían ser unos 800.

Torrejón de Ardoz (129.000), del PP, abrió el pasado año un comedor con una ONG con actividades deportivas. Acogió a 200 niños y costó 95.500 euros. Este año ya está elegido el colegio y están dispuestos a que acudan más menores. En Alcorcón, también del PP, David Pérez se ha comprometido a “crear una oficina de atención a familias con riesgo de desahucio”.

El Getafe (175.000), 1.200 alumnos comerán este verano en escuelas. En una nota de prensa, el Ayuntamiento, socialista tras cuatro años popular, se muestra muy crítico: “Esta medida responde a proposiciones aprobadas en la pasada legislatura y que el anterior Gobierno se negó a aplicar”.

Cifuentes se comprometió prolongar en verano los comedores

La socialista Cristina Moreno, que gobierna Aranjuez (58.000), ha anunciado que el 50% del dinero dedicado a órganos de gobierno se destinará a ayudar a familias. Prescindirá del coche oficial por la ciudad y de los servicios de seguridad. Además, los concejales pagarán su teléfono y Moreno propondrá a los grupos recortarse el sueldo un 12%. Así abrirán cuatro escuelas y Ciempozuelos (24.000) otra.

Móstoles (205.000) ha vuelto a manos socialistas (junto a IU) después de 12 años y, según tomó el bastón, David Lucas ha activado un plan de ayuda acordado también con Ganar Móstoles. En él se incluye abrir comedores en julio y agosto, y un fondo para la compra de libros y material en septiembre. También Tres Cantos (41.000), un municipio no tan castigado, se ocupará de sus niños.

La preocupación por los menores es una constante en otras localidades. Desde 2013, Rivas-Vaciamadrid (IU, 81.000), garantiza como un derecho el comedor escolar a través de un fondo de compensación, que en 2014 fue de 20.000 euros. Aprobaron la medida tras detectar que había alumnos que no podían pagar la cuota. Una carencia que ahora en muchos sitios se afanan en remediar.