El exgerente del PP aporta recibos de entregas en b a dirigentes ourensanos

Emilio Pascual, exgerente del PP de Ourense, entregó ayer a la titular del Juzgado número 1 de Lugo que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara, en torno a medio centenar de recibos firmados que confirmarían la existencia de gratificaciones y pagos de campañas electorales en la provincia con dinero de la supuesta caja b del partido, según han manifestado a este periódico fuentes próximas al caso. Con la entrega de esta documentación, Pascual —que fue gerente del partido durante 27 años— pretende acreditar el testimonio que prestó ante la juez el pasado diciembre cuando aseguró que 24 cargos del PP ourensano —en su mayoría parlamentarios— a los que se sumarían alcaldes de la provincia, estarían salpicados por la presunta financiación irregular.

 La juez, que ya reclamó facturas a las empresas ourensanas supuestamente implicadas, emitió entonces un auto ratificándose en sus sospechas sobre la existencia de un posible “elaborado sistema de facturación falsa y ficticia” en el PP ourensano que, en su opinión, se extendería más allá de la presidencia del exbarón José Luis Baltar en el partido hasta alcanzar a su hijo-sucesor. La documentación aportada ayer por Pascual —que, según las mismas fuentes, incluye además recibos de complementos de sueldos— puede añadir más indicios a la investigación iniciada por De Lara para determinar si los cargos de este partido en la provincia han colaborado en la comisión de supuestos delitos electorales además de en los de “apropiación indebida, soborno, tráfico de influencias y falsedad documental”. Pascual declaró en su día que Baltar padre manejaba una caja b desde la que repartía dinero negro a alcaldes de la provincia para que sufragasen sus campañas electorales. Además, explicó que, para camuflar gastos del partido, empresas suministradoras emitían facturas personales a nombre de sus candidatos que en realidad acababa pagando el PP. La juez había dado ya credibilidad al testimonio del exgerente en un auto emitido el pasado diciembre, en el que aludía a sus sospechas de que esos fondos “no se reflejaban en la contabilidad oficial porque el dinero procedía de donaciones ilícitamente recibidas”.