El obispo liquida la secta implicada en presuntos abusos sexuales
La Iglesia justifica la medida por el “grave escándalo” y la “repercusión mediática” Las primeras denuncias sobre la actividad del grupo datan de 2006
La Orden y Mandato de San Miguel Arcángel ya no existe. El Obispado de Tui-Vigo anunció ayer la supresión de la agrupación de fieles fundada por Feliciano Miguel Rosendo, en prisión provisional desde el 14 de este mes con cargos por presuntos abusos sexuales y asociación ilícita por su actuación al frente del grupo, basado en el municipio de Oia, al sur de la provincia de Pontevedra.
La decisión, en forma de decreto del obispo Luis Quinteiro, llega después de la intervención del nuncio del Papa, Renzo Fratini, que reclamó medidas contundentes la semana pasada. Rosendo fue discretamente desbancado del liderazgo de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel en marzo y sustituido por un comisario del obispado, pero la diócesis no hizo pública la decisión hasta octubre, apremiada por la prensa. Entre tanto, el antiguo herborista —en los noventa regentaba un establecimiento de terapias alternativas en Vigo— convenció a un grupo de adeptos para refundar el proyecto en Madrid como La Voz del Serviam y se instaló en un chalé de Collado-Villalba, en la Comunidad de Madrid, que solo abandonó tras su detención, hace 12 días.
“Con hondo pesar”, señala el decreto de supresión de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, firmado por mandato del obispo por el vicecanciller secretario, Emilio González Outerelo, “hemos constatado como es público y notorio, que últimamente miembros de esta asociación que se han dado de baja a raíz del nombramiento del comisario, han causado grave escándalo no solo en esta diócesis, en que han ejercido su actividad, sino en toda España, con gran repercusión mediática”. El obispo considera, “después de oír al comisario”, que “existe causa grave”, y manda acabar con la agrupación.
Los familiares recibieron la noticia con satisfacción. José Manuel Lima, padre de dos de las seguidoras más recalcitrantes de Rosendo, ve en la decisión una consecuencia lógica. “Si falta la cabeza pensante eso no tiene razón de ser, porque todo se movía por él”, declaró a Europa Press. “Siempre y cuando empiece a desaparecer todo lo referente a esta persona es positivo para nosotros”, comentó.
Si la extinta Orden y Mandato de San Miguel Arcángel era secta desde el principio o fue progresivamente flaqueando en la virtud es ahora cuestión de debate. El decreto de supresión señala como fecha de inicio de actividades de la orden el 5 de febrero de 2003, como agrupación privada de fieles, que cambió su estatus al de asociación pública de derecho diocesano el 31 de julio de 2009. Entre ambas fechas, en 2006, surgieron las primeras denuncias, según recordaron la semana pasada los familiares de los adeptos a Rosendo, que cristianamente excusaban a la autoridad de la diócesis. “Visto desde afuera puede que hayan tardado un poco en reaccionar”, explicaba Joaquín García, padre de una de las adictas a Rosendo, que razonaba que muchos de los que se salieron en los últimos meses de la agrupación eran entonces fervorosos seguidores, y que ni un investigador de la diócesis nombrado por el antecesor de Quinteiro ni la Guardia Civil hallaron entonces “nada raro”.
La Orden y Mandato de San Miguel Arcángel contaba en estos meses de epílogo con 26 miembros, según el obispado de Tui, una porción menor de los en torno 400 que había llegado a congregar en su época de mayor expansión, durante la pasada década, cuando ejercían de guardianes del decoro en la catedral de Santiago u organizaban serenatas bajo la ventana de Juan Pablo II.
Los familiares desencantados tomaron la semana pasada la decisión de personarse en la causa contra Rosendo y albergan la esperanza de retomar el contacto con sus parientes, que en varios casos consideran las denuncias públicas como una traición. El grupo de las miguelianas, una especie de monjas de la Orden sin reconocimiento oficial de la Iglesia y muy próximas al líder, es el más reacio a renunciar a Rosendo y achacan todo lo sucedido, en sus contadas intervenciones públicas, a una supuesta conspiración. Una de estas lugartenientes con hábito, Marta Paz, está imputada junto a otras dos personas por asociación ilícita.
