Botella cambia el plan urbanístico para que el Atlético compre La Peineta

El Atlético de Madrid podrá comprar en 2017 el suelo municipal sobre el que está construyendo el nuevo estadio de La Peineta, en el distrito de San Blas, evitándose así el pago de un alquiler anual de casi dos millones de euros al Ayuntamiento de la capital hasta casi final del siglo. Esto será posible gracias a que el gobierno local, regido por Ana Botella (PP), ha cambiado la calificación de la parcela, que hasta ahora tenía un uso público y por tanto no podía ser enajenada, según explicaron a EL PAÍS fuentes municipales.

Una vez completada la modificación urbanística, el suelo seguirá siendo de utilidad exclusivamente deportiva, pero admitirá un uso privado. De esta forma, el Ayuntamiento podrá vender la parcela al club en 2017, tal y como estipulaba el convenio que firmaron en 2008 para cerrar el traslado del equipo del estadio Vicente Calderón a La Peineta. Las obras del nuevo campo concluirán previsiblemente ese año.

Sin embargo, toda la operación, tanto en San Blas como a las orillas del río Manzanares, sigue en el aire, puesto que el Atlético ha pedido al Ayuntamiento que revise las condiciones de su convenio; y Fomento de Construcción y Contratas (FCC), encargada de levantar el nuevo estadio, ha solicitado también un ajuste de los cálculos económicos en su acuerdo privado con el club, e incluso ha paralizado las obras.

El Ayuntamiento y el club están renegociando el convenio que firmaron en 2008

La historia se remonta 10 años atrás. El exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) presentó en julio de 2004 el primer proyecto para remodelar La Peineta y convertirla en estadio olímpico dentro de la candidatura para organizar los Juegos de 2012. Para asegurar su uso posterior, negoció con el Atlético su mudanza desde el Calderón, cuyo suelo se recalificaría para construir viviendas. En diciembre de 2009, tras casi año y medio de negociaciones, el Ayuntamiento y el club firmaron finalmente un convenio patrimonial que fijaba la mudanza para 2012.

Las sucesivas derrotas de Madrid 2012, 2016 y 2020 no paralizaron el plan pero sí permitieron ir aplazando las obras, un retraso favorecido también por la crisis.

El convenio indicaba que La Peineta estaba “infrautilizada dada la escasa demanda social” de un estadio que en 1994 había costado 50 millones de euros, y reseñaba además su “importante estado de deterioro”. Así, el valor del campo se cifró en cero euros.

El Atlético se comprometió a comprar la parcela municipal, de 88.150 metros cuadrados y tasada en 41,2 millones de euros, y a construir sobre ella un nuevo estadio de 73.000 asientos (20.000 más que el Calderón) valorado en 195 millones (IVA excluido).

FCC ha parado la construcción para ajustar su acuerdo económico con los rojiblancos

Para sufragar la construcción del nuevo campo, el Atlético firmó en 2010 un acuerdo con FCC y Mahou. La constructora derribaría el Calderón y la fábrica de cerveza contigua, y levantaría en esos terrenos 2.000 viviendas, cuya venta cubriría las obras de La Peineta. El pasado 4 de noviembre, sin embargo, la constructora informó de que no le salían las cuentas. Debido al derrumbe del mercado inmobiliario y la inseguridad jurídica derivada de los diversos procesos judiciales en contra de la operación, FCC paralizó “de forma momentánea” la obra y exigió al Atlético replantear las condiciones económicas del acuerdo cerrado en 2010.

El club, por su parte, ya se había dirigido meses antes al Ayuntamiento. En una carta fechada el 28 de febrero a la que ha tenido acceso EL PAÍS, le instaba a “actualizar” el convenio patrimonial.

Fuentes del área municipal de Hacienda han indicado que esa negociación se encuentra todavía en una fase “muy incipiente”.

El convenio del Ayuntamiento y el club, tal y como fue redactado en 2008, incluía una sucesión laberíntica de posibilidades, supeditadas a que el suelo pudiera finalmente venderse al Atlético previa modificación urbanística, y a que Madrid obtuviera o no los Juegos en 2016, 2020 e incluso 2024.

Un mes después de la firma del acuerdo, el Ayuntamiento cedió la parcela de San Blas al Atlético en régimen de concesión para que pudiera comenzar la obra.

Esa concesión finalizaría el 30 de abril de 2017, con tiempo así para que, una vez finalizados los Juegos de 2016, se pudieran hacer las obras necesarias para convertir el estadio olímpico en un campo de fútbol sin más. A partir de ahí, el Atlético podía alargar la concesión y seguir de alquiler, o comprarse su propio estadio.

Si el cambio urbanístico no se realizaba y eso impedía la venta, el club podía elegir entre recibir una indemnización que, entre otros gastos, incluyera el coste del nuevo estadio; o bien quedarse de alquiler durante 75 años a un precio de 1,6 millones anuales (actualizado según el IPC).

La coordinadora municipal de Planificación Urbana, Beatriz Lobón, avanzó ayer que “el compromiso” del Ayuntamiento es “el traspaso de La Peineta” al Atlético en 2017. Lo hizo en la comisión de Urbanismo a preguntas del edil Mariano Palacios (UPyD), que se mostró preocupado por el retraso que aparejan estos vaivenes en la construcción de nuevos accesos y aparcamientos en la zona, “demandados por los vecinos”. También preguntó al respecto el portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, que criticó la “indefinición” del Ayuntamiento acerca de sus compromisos de inversión y la negociación con el Ministerio de Fomento sobre las conexiones viales.