La justicia bloquea la investigación sobre las preferentes gallegas

La Audiencia Nacional dispone de un limitado catálogo de materias sobre las que tiene competencia para investigar. Las más sonoras son el terrorismo, los delitos contra la Corona o el tráfico de drogas. También están en el listado las “defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”. Con el objetivo puesto en depurar responsabilidades entre los muñidores de la estafa de las participaciones preferentes, a muchos abogados se les fue la vista al enunciado anterior, sacado literalmente del artículo 65.1 c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y en Madrid o Castilla y León, la Audiencia ha aceptado investigar a los dirigentes de sus cajas. Pero no en Galicia.

 Aceptar la competencia no implica automáticamente que se investigue el caso. Es un paso previo al de analizar si los hechos parecen constitutivos de delito. En la investigación de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja, por ejemplo, la fiscalía —que ha asumido el criterio de que las emisiones, aunque irregulares, no fueron criminales— coincidió con el propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, en que este era competente para investigar. El juez lo fundamentó en un párrafo bastante sencillo de un auto: “Puesto que las participaciones preferentes fueron adquiridas por una multiplicidad de personas que finalmente han resultado perjudicadas con su inversión habiendo perdido todo o gran parte del dinero que destinaron a la adquisición de este producto y que el Gobierno ha tenido que intervenir y dictar un Real Decreto Ley para regular su canje por acciones, deben considerarse cumplidos los requisitos”. En el caso de Caja Duero y Caja España, tampoco se cuestionó la competencia. El asunto cayó en el juzgado de Eloy Velasco, que de entrada rechazó la causa porque entendía que no había delito. Pero la Sección Tercera de la Sala de lo Penal le mandó investigar, tras el recurso de una asociación de consumidores. Con distintos matices —algunos casos no avanzan por inacción de los propios demandantes, otros tratan de emisiones de derivados financieros distintos de las preferentes— la Audiencia también ha entendido apropiado que se investigue a los gestores de Caixa Calalunya, el Banco Santander o la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Caixa Galicia y Caixanova no han entrado en el paquete. Con unos 1.800 millones de euros en solfa y más de 70.000 afectados cuando se destapó el escándalo, el sindicato CIG recibió a mediados de octubre el portazo de la Sección Cuarta de la sala de lo Penal, que ratificó un auto previo del Juzgado Central de Instrucción número 1, dirigido por Santiago Pedraz. “No reúne los requisitos establecidos”, determina sin más la resolución.

“Es bastante decepcionante, porque no tiene prácticamente contenido jurídico”, señala Guillermo Presa, el abogado que presentó la querella, “basada en la que UPyD presentó contra Bankia y que sí fue aceptada”. El letrado señala también el contraste entre esta negativa “asombrosa” y el caso de las tarjetas de crédito irregulares de Bankia, de mucha menor cuantía y circunscrito a Madrid, que sí ha asumido la Audiencia Nacional

La querella de la CIG no es la única que se ha estrellado contra el tribunal especializado. La plataforma de afectados por las preferentes de Vigo presentó dos. Una, a comienzos de 2013, muy breve, poco fundamentada y casi simbólica en el momento álgido de las protestas ciudadanas contra la gestión política de la estafa, según admisión de sus propios responsables, y otra más elaborada este año, también rechazada por Pedraz y pendiente ahora del recurso ante la sala. De seguir el mismo camino que las anteriores, el caso recaerá en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, que había archivado la denuncia inicial. “No estamos dispuestos a tirar la toalla”, insiste Presa, que piensa agotar los recursos jurídicos para reactivar la causa. Presentar la querella en otro órgano y suscitar un conflicto de competencias en el que tenga que mediar el Tribunal Supremo es una de las posibilidades que se estudian.