Un exalcalde del PP se lleva el contrato para reparar un asilo ilegal

El viento vuelve a soplar a favor del asilo ilegal promovido por varios cargos del PP en una aldea de 70 habitantes de Chandrexa de Queixa (Ourense). Tras esquivar la piqueta gracias a la Xunta, que perdonó el derribo ordenado por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) por un rosario de incumplimientos legales no solucionables, según la propia agencia, la empresa Construcciones Benigno Álvarez, una sociedad familiar del exalcalde del PP del municipio ourensano de Maside, rematará el esqueleto de ladrillo de 2.500 metros cuadrados encallado en las montañas de la Serra de Queixa. Y lo hará gracias al millón y medio de euros que el Gobierno gallego y el Ministerio de Agricultura aportarán a partes iguales a través de un programa para el desarrollo de zonas rurales poco industrializadas.

 Entre julio y agosto, cinco sociedades presentaron ofertas para rematar el asilo ilegal. La del exalcalde de Maside obtuvo 93 puntos, a 23 del segundo clasificado. La decisión se basó en un informe elaborado por tres arquitectos externos nombrados a dedo por el Ayuntamiento de Chandrexa, que le concedieron la máxima puntuación en todos los apartados.

La empresa familiar del exregidor popular de Maside y el asilo de Celeiros son viejos conocidos. La obra comenzó a cocinarse en 2000, mediante un convenio a tres bandas que permitió su construcción con dinero de la Diputación en unos terrenos municipales cedidos por el diputado y alcalde de Chandrexa. Ya entonces cayó en manos de la constructora de Benigno Álvarez, que inició las obras en 2002. Según las condiciones de aquella adjudicación, tenía que estar rematado al año siguiente, pero la mole nunca se acabó. Una docena de años después y al indulto de la Xunta para frenar su derribo, será rematado al doble de su precio inicial. Al presupuesto licitado ahora hay que sumar los 700.000 euros que consumió durante la década pasada.

Según el convenio firmado, una vez finalizado será traspasado gratuitamente a la Fundación Valdegodos, una empresa que gestiona geriátricos en Galicia y Canarias y que está, entre otros, en manos de la familia Candal. Manuel Candal fue alcalde de Vilamartín de Valdeorras durante 36 años. Murió en 2009, justo antes de ser juzgado por supuesta prevaricación. Su hija, María Jesusa, recuperó la alcaldía en 2012.