Otra secretaria denuncia acoso de un alcalde del PP imputado por corrupción
La funcionaria acusa al regidor de Coristanco de impedirle cumplir la ley
Resulta terrible el relato del infierno laboral que vive desde hace casi tres años uno de los cargos más importante del Ayuntamiento de Coristanco (A Coruña), la secretaria municipal. El veterano alcalde de esta localidad de Bergantiños, Antonio Pensado Plágaro, del PP, deberá declarar el próximo 22 de septiembre ante la juez de Instrucción número 2 de Carballo, quien lo citó tras admitir a trámite la detallada denuncia por acoso laboral presentada por María del Carmen Seoane. Acusa al regidor, imputado por corrupción en otra causa, de someterla a una auténtico asedio para impedirle que cumpla su función de garantir que se cumpla la ley en la gestión de ese Ayuntamiento.
La funcionaria sostiene ser víctima de toda clase de presiones, ataques y zancadillas para ser eliminada de su puesto de trabajo desde el minuto uno de su toma de posesión, en septiembre de 2011, tres meses después de la reelección de Pensado como alcalde. Y todo porque, cumpliendo con su obligación de ser la garante de la legalidad, intentó erradicar, señala, “ciertos hábitos muy arraigados que ignoraban y burlaban las normas”. Su caso recuerda al de la secretaria municipal de Palas de Rei, en Lugo, cuya querella mantiene imputado al regidor popular Pablo Taboada por acoso, prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones.
Los expedientes y la toma de acuerdos en Coristanco, cuenta Seoane, se hacían a su llegada “sin los mínimos requisitos y garantías legales”. Pero cuando quiso cambiar esa situación, lo que encaja perfectamente con sus competencias y responsabilidades, el alcalde, denuncia la secretaria, inició “una persecución implacable” con el único fin de conseguir la marcha de la funcionaria. Un acoso que no sólo continúa a día de hoy, sino que se duplicó y alcanza límites casi insostenibles según María del Carmen Seoane, después del registro policial del Ayuntamiento en febrero pasado y la incautación de documentación que llevó al otro juez de Carballo, el de Instrucción número 1, a imputar hace un par de semanas al regidor por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y abuso de influencias.
La secretaria municipal colaboró con la Policía Judicial y del Seprona durante aquel registro, relacionado con una investigación por un supuesto de trato de favor del alcalde a empresas de Coristanco. Su ayuda debió ser muy agradecida para los agentes, pero no para Antonio Pensado, quien lleva 23 años al frente del Ayuntamiento. Se disparó la situación de acoso ya hasta entonces tremenda que sufría, con un regidor que ya por entonces no se cansaba, acusa la mujer, de interferir en sus funciones, obstaculizar todos sus informes o incumpliéndolos cuando no son de su agrado y sobrecargarla de trabajo con peticiones imposibles de realizar. Cambió incluso varias veces y sin previo aviso la cerradura de su despacho.
Tras el registro policial, Pensado, según contó Seoane a la juez, incrementó la presión y su asedio con el objetivo último, según se sospecha y suele ser habitual en estos casos, de llevar a la funcionaria a cometer cualquier error en su trabajo que permita expedientarla y echarla. Llegaron incluso a desaparecer informes de la secretaria, obligatorios e imprescindibles en determinados procesos administrativos. Y el alcalde aprovechaba entonces para denunciar a la mujer ante la Xunta o el Ministerio de Administraciones Públicas para que le abriesen expediente.
El relato de lo ocurrido en vísperas de las elecciones europeas, a finales de mayo, resulta pavoroso: la secretaria, en el último día hábil que tenía para dejar todo listo, como es su obligación, para esa cita con las urnas, tuvo que atender “urgencias” del alcalde, que convocó, durante la misma mañana y sin avisar, dos mesas de contratación consecutivas y una junta del gobierno local extraordinaria.
Fue la asociación gallega contra el acoso moral en el trabajo la que difundió ayer el relato de este hostigamiento bajo investigación. Y lo relacionó directamente con la imputación de Fernando Pensado Plágaro por malversación y prevaricación, por mucho que ambas causas judiciales no guarden formalmente relación alguna. “El acoso laboral es un detector infalible de corrupción”, recuerda el colectivo. Porque de eso se trata, añade, en empresas o instituciones públicas que actúan al margen de la ley: asedian a todo personal que intenta cambiar o evitarlo porque “se convierte en un obstáculo a eliminar”.
