El proyecto de Ley Municipal no llegará al Parlamento hasta otoño
Recoge medidas de transparencia, financiación de los ayuntamientos y más competencias para las localidades vascas que en el resto de España
El Gobierno ha difundido este martes el anteproyecto de Ley Municipal, una de las leyes más importantes previstas para esta legislatura y que, pese a que en el calendario legislativo establece su envío al Parlamento el pasado junio, no estará listo hasta otoño. El documento, avanzado por EL PAÍS en mayo, establece medidas de transparencia, un código de conducta para los ayuntamientos y, lo más importante, las competencias de los ayuntamientos y la obligación para que el resto les paguen por nuevas competencias atribuidas por nuevas leyes o por delegación de competencias por parte de las diputaciones y el Gobierno. Asimismo, se recogen cambios para que los ayuntamientos tengan más peso en órganos como el Consejo vasco de Finanzas.
La futura ley, abierta a los cambios que se puedan realizar durante el proceso de informes técnicos que culminará en otoño y a las modificaciones del trámite parlamentario que empezará a partir de los últimos meses de 2014, incluye medidas que se recogen en la ley de estatal recientemente aprobada, como la determinación del concepto de coste efectivo por los servicios mínimos que realiza cada ayuntamiento. Este coste efectivo lo establecerá el Ministerio de Hacienda para el resto de España, pero en Euskadi será cada una de las diputaciones la que lo establezca. La Ley Municipal incluye la previsión de que las diputaciones asuman esos servicios mínimos de localidades con menos de 20.000 habitantes para cumplir con ese coste efectivo.
Sí recoge un listado de 37 competencias propias de los municipios mucho más amplio que el de la legislación estatal, tal y como ha puesto en valor el Gobierno en la presentación del anteproyecto. Estas podrán ser más, según el anteproyecto, con un mecanismo de consulta de los ayuntamientos que quieran prestar un servicio que legalmente no les corresponde, basado en que sus arcas no estén endeudadas y en que la administración competente les dé su visto bueno.
El consejero Josu Erkoreka ha puesto en valor que el documento ha sido trabajado con las tres diputaciones y Eudel en el seno del Consejo vasco Municipal de manera previa. El portavoz ha asegurado que han hecho un trabajo que no hicieron gobiernos anteriores del PNV y PSE, el de tratar de consensuar con los otros dos niveles institucionales, pero no ha querido cerrar la puerta a posibles recursos a la Comisión Arbitral. Las diputaciones ya recurrieron a este órgano el texto, por ejemplo, del Gobierno de Patxi López. Y la de Gipuzkoa ya avisó el pasado viernes que no estaba de acuerdo con todo el documento.
La futura ley recoge la modificación de la Ley de Territorios Históricos de 1983 para que los ayuntamientos tengan más peso en el Consejo vasco de Finanzas, donde se decide el reparto, hasta ahora con voz y voto del Gobierno y las Diputaciones y solo con la voz de Eudel, del dinero recaudado. Erkoreka ha señalado que proponen este cambio de la LTH y que esperarán a lo que decida la ponencia de duplicidades en el Parlamento para ver qué otras propuestas de esa ley realizan los grupos parlamentarios porque el Gobierno “no pretende interferir ni condicionar” ese otro debate.
Asimismo, se establece la creación de organismos de participación de los ayuntamientos en leyes por las que se verán afectados en un futuro. Se crea así el Consjo de Políticas Públicas Locales y el Órgano de Alerta Temprana. A su vez, se suprime el Consejo vasco Municipal, resucitado por el actual Ejecutivo autonómico para tender puentes con el resto de niveles de la administración vasca. Eudel será por ley, si se aprueba este anteproyecto en el Parlamento, la asociación que tendrá la "representatividad pública" de los municipios. Al articulado se añade un elemento, el de financiación de la propia Eudel, que contará con unos ingresos de al menos el 0,15% de los recursos del nivel mínimo de participación de las haciendas locales.
El borrador incluye también una modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, el paraguas legal para las tres principales ayudas sociales, la RGI, la PCV y las ayudas de emergencia social (AES). Estas últimas son las únicas gestionadas por los ayuntamientos con dinero del Gobierno que está siendo insuficiente para cubrir las demandas de apoyo económico urgente y puntual de algunas familias en dificultades económicas. El cambio recoge cambiar el artículo 91 de esa ley para incorporar la obligación de crear un “programa plurianual de necesidades” acordados por el Gobierno y los ayuntamientos a través de un convenio, en el que se establecerán “los recursos mínimos asignados” a cada municipio.
Este último punto se ha incorporado después del diálogo con los ayuntamientos, que llevan años reclamando que se les pague el 100% de las AES. En lo que va de año, pese a los incrementos presupuestarios del Ejecutivo para 2014 en esta materia, hay municipios que ya han agotado sus cuantías.
