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La aspirante a un taller laboral sienta en el banquillo a un exalcalde del PP

La acusación particular solicita una pena de 6 años de prisión por un presunto delito de falsedad y otro de prevaricación

Una aspirante a un taller de empleo convocado en 2005 en el Ayuntamiento de Santa Comba (A Coruña) ha solicitado una pena de seis años de prisión para el entonces alcalde, José Toja Parajó, del PP; la que era edil de Servicios Sociales y teniente de alcalde, María José Ares Casal; y un técnico que, en representación de la Consellería de Traballo formó parte del tribunal encargado de seleccionar a las personas que optaban a una plaza.

En el juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña, la acusación particular solicitó para los tres una pena de seis años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros por un presunto delito de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación. La fiscalía, que no ejercía la acusación, pidió la libre absolución, al igual que la defensa. Los hechos por los que fueron juzgados se remontan al año 2005 cuando la querellante fue preseleccionada para participar en un taller de empleo. En concreto, acusa a los tres miembros del grupo que seleccionó a los alumnos, entre ellos los dos representantes del entonces gobierno local de Santa Comba, de falsear las puntuaciones que le correspondían. La fiscalía no ejerció la acusación al entender que las explicaciones para esta divergencia son “coherentes”.

“Error aritmético”

Tales evidencias resultan, indica el fiscal en su escrito de calificación, no solo de las explicaciones de los miembros del tribunal, sino también del expediente completo, en el que figuran “no menos de 17 correcciones idénticas” a las de la denuncia. “Ello revela una forma de proceder, más o menos escrupulosa del tribunal, pero no una falsedad ni una prevaricación”, añade. Los tres acusados aseguraron no recordar por qué se le rebajó a la querellante la puntuación otorgada inicialmente en la primera valoración que elaboraron, pero han indicado que se realizaron modificaciones en una veintena de casos, una vez realizada una “puesta en común”. “Pudo ser por discrepancias entre nosotros o por un error aritmético”, esgrimió el exalcalde. La querellante explicó que se enteró por su hijo —empleado entonces en el Ayuntamiento— que en la entrevista personal había sido valorada con una nota de nueve aunque la calificación que recibió finalmente fue un seis.

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