El Gobierno detecta en la economía de Jáen un “fraude institucionalizado”

La economía sumergida se dispara en Jaén, una provincia con una fuerte dependencia del sector agrario y una alta temporalidad en el empleo. Los datos del plan de lucha contra el fraude de 2013 han puesto de manifiesto una elevada bolsa de economía irregular en la provincia, ya que el trabajo ilegal aumentó un 55% y el 90% de las empresas inspeccionadas cometieron infracciones.

Del estudio se desprende que 1.264 puestos de trabajo no fueron declarados (un 55% más que el año anterior). Pero el caso más significativo es que en 223 de las 258 empresas visitadas —la mayoría de los sectores de la agricultura y la hostelería— se detectó algún motivo de infracción. También se concluye que 661 de los 892 trabajadores inspeccionados (el 74%) se encontraban en situación de ilegalidad. Otro aspecto que favoreció el fraude fue la creación de 49 empresas ficticias que, con una apariencia de legalidad, tenían como finalidad obtener prestaciones o autorizaciones administrativas para trabajar.

En total, el plan de lucha contra el fraude ha concluido con una cifra de expedientes sancionadores cuya liquidación ha supuesto 11.749.245 euros, el doble que el año anterior. De esta cuantía destacan las sanciones de 10.000 euros por cobrar el desempleo ilegalmente.

La contundencia de las cifras reveladas este viernes por la Inspección de Trabajo ha avivado el debate sobre la precaria situación económica de Jaén, máxime después de que el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, se agarrase a estas estadísticas para sentenciar que “hay un fraude institucionalizado en la provincia”. Con esta afirmación, Lillo pone en duda que la tasa de paro de Jaén sea del 41%, “Aquí tenemos un número oficial de parados, pero yo lo que quiero decir es que hay personas que no están dadas de alta y no están cotizando, pero no que no tengan trabajo”, asevera.

Desde el PSOE se arremetió contra el subdelegado del Gobierno. “Decir que en Jaén hay un fraude institucionalizado es una acusación muy fuerte, un ataque indiscriminado a los empresarios, trabajadores y parados de esta tierra y una ofensa para la provincia. No se puede generalizar de la manera en que lo hace el subdelegado del Gobierno”, censura la secretaria provincial de Economía de los socialistas, Ana Tudela. Además, ha criticado la falta de ayudas desde el Gobierno a los 111.000 parados de la provincia: “Ni planes de empleo, ni ayudas a la reindustrialización, ni una sola medida que permita reactivar la economía”.

Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén (UJA), Antonio Martín, la economía sumergida se ha incrementado en Jaén desde el 20% del PIB del año 2000 al 30% de la actualidad, con un aumento mayor desde el inicio de la crisis. Un porcentaje similar al resto de Andalucía y por debajo del que hay en España (25%)”. El economista sostiene que la economía sumergida “es más proclive” en el sector agrario, aunque también se da en el textil o el comercio, en menor medida. Con todo, apunta que el aumento de la presión fiscal es un elemento que favorece las prácticas irregulares. “Las empresas que no pueden resistir, o cierran o entran en la economía sumergida”. Cree, en todo caso, que en este país “existe un problema de moralidad pública, donde el defraudar no está mal visto”. También los sindicatos creen que los datos de la Inspección de Trabajo avalan sus denuncias. “Parece claro que es la fórmula para sobrevivir de muchas personas”, señala el secretario provincial de CC OO, José Moral, para quien de no ser por la economía sumergida “la provincia estaría al borde del suicidio social”. Moral cree que el Gobierno de la nación tiene “mucha responsabilidad” por no perseguir el fraude. “Debería haber un número de inspectores proporcional al nivel de fraude”, subraya.