El traje nuevo del emperador

La capacidad para recaudar impuestos es esencial para la formación de los Estados. Por eso Artur Mas ha decidido presentar su Hacienda catalana. Será su principal estructura de Estado, la joya de su corona. En teoría, debería estar en marcha para el 9 de noviembre. En la práctica, será otro ejemplo de la distancia monumental que hay entre las pretensiones retóricas del president y la realidad sobre el terreno.

Se dirá que la Hacienda catalana se fundamenta en un nuevo modelo colaborativo, que contrastará con el modelo impositivo español: represor. Se prometerá una aproximación a las mejores experiencias escandinavas. Pero la explicación panglosiana sirve para ocultar lo que ya se conoce. No se puede construir un sistema impositivo exclusivamente sobre las buenas intenciones. Una Hacienda catalana en condiciones no existirá ni para el 9 de noviembre ni en el corto plazo.

Para llegar a esa conclusión no hay que ir más allá del segundo informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), sobre la Administración Tributaria de Cataluña. Nos proporciona el veredicto siguiente: “La Generalitat, en estos momentos, no dispone de una organización dotada de los medios materiales y personales necesarios para asumir la gestión de la totalidad de las obligaciones tributarias de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña, ni de una base de datos propia que recoja el censo de contribuyentes catalanes. Este hecho convierte la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en una organización que depende de la información que la proporciona la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y le impide asumir el control de la fiscalidad a Cataluña”.

El informe deja muy claro que una transferencia ordenada de competencias mediante una solución negociada sería lenta (marca un horizonte de dos años), mientras que el camino unilateral sería una receta para el desastre. Como señala el informe, la ATC tiene deficiencias graves de personal y de experiencia. Carece de información sobre los contribuyentes (tanto los individuos como las empresas). No dispone de la capacidad de gestionar las aduanas. Y ninguno de estos defectos puede ser remediado de forma rápida o barata.

Se estiman en 750 millones de euros los costes de administrar todos los impuestos en Cataluña; actualmente la ATC tiene un presupuesto de 28,5 millones

Se estiman en 750 millones de euros los costes de administrar todos los impuestos en Cataluña; actualmente la ATC tiene un presupuesto de 28,5 millones. Se tendrían que transferir 5.000 empleados de otras Administraciones, y aun así se estima que se tendrían que contratar entre 2.000 y 2.800 personas más.

El CATN confiesa francamente que una declaración unilateral de independencia podría provocar una amnistía fiscal generalizada, porque la Generalitat ni sabría a quién cobrar los impuestos ni tendría los mecanismos para cobrar. Tampoco dispondría de control de las fronteras, corriendo el riesgo de convertir a Cataluña en un punto de entrada de contrabando, y se crearía un vacío legal en cuanto a los tratados impositivos con otros países.

La Generalitat pretende evitar este escenario situando la ATC como intermediario entre contribuyentes “patrióticos” y la Agencia Estatal. Esto supondría una burocracia innecesaria (doblemente cuando los trámites son electrónicos) y dificultaría a los voluntarios el cumplimiento con sus deberes fiscales.

Para gestionar todos los impuestos inmediatamente tras una declaración unilateral, el Gobierno catalán tendría que crear unas estructuras muy costosas y especializadas. Mientras tanto, estas serían totalmente redundantes. El Govern lo sabe y utiliza la retórica grandilocuente para disfrazar las dificultades fundamentales.

Detrás de las promesas de una nueva manera de hacer las cosas, de intensificar la lucha contra el fraude fiscal, de preparar un Estado para el 9 de noviembre, existe la intención de ampliar la ATC mal y con prisas. Tanto desde el Departamento de Presidencia como desde el de Economía han encargado a su hombre de confianza la misión política de diseñar un nuevo modelo más conveniente. Desde el banquillo, ERC exige contrataciones en masa. Se corre el riesgo real de que se aproveche la coyuntura para ascender a funcionarios sin que tengan que aprobar las pertinentes oposiciones.

No se puede improvisar con una agencia tan importante como la Tributaria. No se puede permitir una evolución en la línea de la politización que ya marcó el ministro Montoro. Sin una Hacienda escrupulosamente neutral e independiente, es imposible tener confianza en que la Administración vaya a garantizar un trato igual para todos en lugar de favorecer a sus amigos y donantes.

Cataluña ganaría si tuviera más control sobre sus tributos. Pero el camino que ha tomado el Govern ayuda a provocar lo contrario. Socava las posibilidades de negociar una transferencia ordenada de competencias, a la vez que ilumina los graves costes de la acción unilateral. Es una verdad inconveniente para Artur Mas, pero las promesas no sirven para convertir lo imaginario en lo real.

David Lizoain es economista.