Ibarra:“Hay dudas de constitucionalidad” con la reforma laboral

A finales de septiembre pasado el presidente de la patronal vizcaína Cebek, Iñaki Garcinuño, se quejó de que algunos jueces estaban traspasando el límite de “aplicar la ley e interpretar la voluntad del legislador” en el caso de la reforma laboral. Aquella queja tuvo su continuación en diciembre. La secretaria general de Confebask, Nuria López de Guereñu, reiteró las críticas ante la constatación de que cada vez eran más las continuas sentencias que se amparaban en supuestos defectos de forma o de procedimiento para rechazar expedientes de regulación o cuestionar el fin de la ultraactividad de los convenios.

“No se está teniendo en cuenta el espíritu de legislador y se está combatiendo la reforma”, dijo López de Guereñu, tras calificar de “despropósito” algunas interpretaciones de los jueces vascos de lo social de la nueva época que había abierto la reforma laboral. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, respondió ayer que los jueces se limitan a aplicar el obligado precepto de la “prudencia” hasta que el Tribunal Constitucional (TC) no se pronuncie sobre las “dudas de constitucionalidad” que presenta la reforma laboral. En un receso de una jornada informativa sobre procesos concursales organizada por el TSJPV y la Asociación Vasca de Periodistas, y en la que participaron los jueces vascos de lo Mercantil, Ibarra explicó que la modificación de la legislación laboral “tiene dudas de constitucionalidad, tiene dudas de que pueda estar afectada por cuestiones de inconstitucionalidad, y los jueces y los tribunales han planteado esas dudas” ante el alto tribunal.

Los jueces tienen

En su opinión los jueces deben de operar con esas dudas, pero también con el principio de seguridad jurídica y, en esa situación, es lógico que el esfuerzo mayor se haga en controlar todo lo que es el procedimiento. La reforma ha eliminado la figura de la autoridad laboral que controle los Expedientes, y ha endosado ese papel al juez. “Lo que se hace es comprobar la regularidad del procedimiento, y eso significa poca doctrina y mucha casuística, mucha decisión sobre el caso concreto, pero sin llegar a establecer una línea general, porque eso le corresponde al TC” en el momento en que decida sobre las dudas planteadas en torno a aspectos cruciales de la reforma. Ibarra aseguró que los jueces no tienen “ningún criterio” sobre lo que es la política laboral y económica, pero, como jueces, “lo que somos es un poder público, que tenemos la responsabilidad de que, en la medida de lo posible, la aplicación del derecho tenga unas consecuencias justas”. Ibarra aclaró a las patronales que los jueces “no solamente estamos sujetos al imperio de la ley, sino que, además de eso, debemos una obediencia inteligente a la ley”.