El puerto que mata las playas

El desarrollo urbanístico atropellado de Sanxenxo acabó convirtiendo las playas del pueblo original en unos arenales semiurbanos, cuyo ejemplo de postal habitual es Silgar, la playa del paseo marítimo, las discotecas y las viviendas de precios prohibitivos. Junta a ella, otros pequeños arenales salpicaban el muro de chalés y edificios de la primera línea de Sanxenxo. Las playas de Os Barcos, Panadeira, Lavapanos y Carabuxeira, sin tanta solera reunían a los vecinos que escapaban de los atascos más asfixiantes.

Estas hermanas menores entraron en un proceso de raquitismo acelerado en la última década. La construcción del puerto deportivo alteró las corrientes, que se llevaron la arena y obligaron a echar toneladas en Silgar, frente a la que hubo que levantar una escollera que parase el arrastre. Aquel exceso se vio venir. La Xunta había multado a la constructora por pasarse 100 metros del permiso para el muelle, y esta a su vez le endosó el negocio y la sanción al Ayuntamiento, que aún en 2013 y tras intervención del Tribunal Supremo estaba pagando los 850.000 euros correspondientes.

El puerto se inauguró en 2005 y con él llegaron las regatas y el glamour. Había superficie para amarres y el plan de usos del puerto preveía una expansión de los pantalanes, gestionados por la empresa municipal creada al efecto, Nauta. Las playas de Os Barcos y Panadeira, que son solo una cuando la marea baja, acusaron el golpe, pero resistieron. Calmada la vorágine urbanística, en 2011 el Real Club Náutico pidió permiso para levantar otros 121 pantalanes. Su presidente, Pedro Campos, laureado regatista que cuenta entre sus amistades la del rey, entendió que el club necesitaba disponer de amarres propios y prescindir de los vinculados al Ayuntamiento. A cambio, se comprometía a ceder un espacio a la cofradía de pescadores. Arrancó ahí un procedimiento en el que dos administraciones en manos del PP, Portos —que depende de la Xunta— y el Ayuntamiento de Sanxenxo, mantienen posturas antagónicas. Mientras un informe de la Secretaría Xeral de Avaliación e Calidade Ambiental señalaba que la obra era de poca entidad y no requería estudio de impacto ni de efectos ambientales, el Ayuntamiento presenta estos días un estudio que señala lo contrario y avisa de graves riesgos de accidentes de embarcaciones por el escaso calado del área.

Portos accedió a la petición pese a la oposición del Ayuntamiento, que alegó que el plan de usos del puerto ya preveía una ampliación de los amarres instalados. “No procede realizar una ampliación sobre una zona no contemplada por el plan de usos y máxime cuando la prevista por este aún no fue realizada”, señalaba en su escrito la Administración local, al tiempo que advertía de la “fuerte presión y la barrera visual” que implicaba levantar otra estructura tan cerca de la playa. Portos no hizo caso.

En su escrito de valoración de alegaciones, asumió la postura del Náutico y le dijo al Ayuntamiento que si no estaba de acuerdo con el proyecto debía haber presentado uno alternativo, al tiempo que despachaba la advertencia municipal de que el plan de usos no preveía instalaciones en esa área con la frase: “De ser necesario, se podría tramitar una modificación del plan”.

La expresión anterior viene firmada por Ana Isabel Calzadilla, Jefa del Área de Explotación y Planificación de Portos de Galicia, cargo que ocupa después de cesar como directora de este mismo ente en 2008. El portavoz de SOS Panadeira, Carlos Quintía, entiende que la frase es un ejemplo claro del funesto principio del “ti vai facendo”, y asegura que fue la propia Calzadilla quien en 2004 redactó otro documento regulador del Puerto de Sanxenxo, el plan especial, cuando trabajaba para la empresa Interurban, SA. Desde Portos, una portavoz explica que la ley permite modificar los planes de usos y no ve nada extraordinario en que una administración reste relevancia a una norma vigente, en contra del criterio de otra administración y con el argumento de que tal disposición se puede cambiar. En todo caso, desde Portos matizan que el sentido del escrito es que el cambio legal no habría sido necesario.

La concesión se otorgó en mayo de 2012 y, entre trámites y retrasos, las obras no empezaron hasta abril del año pasado, cuando los primeros vecinos empezaron a alarmarse ante la instalación de pilotes en el agua y la arena de la playa. El enfado se fue condensando hasta que el verano pasado se descargó. Los vecinos bloquearon el acceso a la arena y Portos, que ya suspendió en mayo los trabajos por no ajustarse al proyecto, los volvió a parar en julio en espera de que el ajetreo amainase. Entre medias, el Náutico renunció a la mitad de los amarres, pero la asociación SOS Panadeira, que encabeza las protestas, sigue clamando contra el proyecto, que a su entender va a acabar de destruir las playas.

La asociación pelea contra lo que considera trato de favor al Náutico por la influencia de su presidente, que presentó personalmente el plan a Alberto Núñez Feijóo. El mosqueo de los vecinos llegó al punto de que pidieron explicaciones a la Casa del Rey. Dede allí les respondieron por escrito que el monarca “ni ha influido ni influirá” en el asunto.La polémica llegó al Parlamento autónomo, donde el BNG preguntó por la cuestión al director de Portos de Galicia, José Juan Durán. Este defendió la legalidad y acabó deslizando que la playa de Barcos “no es una zona de baño”, para pasmo de los vecinos que aprendieron a nadar allí. El Náutico trata ahora de reanudar las obras — tiene de plazo hasta mayo— mientras el Ayuntamiento y SOS Panadeira buscan anular la licencia en los tribunales y en la playa, donde los vecinos montan guardia día y noche por si vuelven las máquinas. Ayer mismo, trasladaron desde Marín dos pantanales para continuar con las obras.