La Xunta ordena derribar dos hoteles en Muros y un edificio en Padrón
Multa de 400.000 euros a un constructora de casas ilegales junto al mar en Fisterra
El Consello Executivo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha autorizado el gasto para proceder a la demolición de un edificio de 74 viviendas a medio construir en Padrón y otras dos edificaciones para servicios hoteleros en Muros. También ha puesto sanciones por infracciones muy graves a una construcción de viviendas unifamiliares en Fisterra, que ha pedido que se derriben. En primer lugar, la APLU destinará un importe de 327.685 euros a la demolición de la estructura de un edificio compuesto por semisotano, bajo, dos pisos altos y bajo cubierta para 74 vivienda, en el lugar de Pedreira, en el término municipal de Padrón.
La edificación carece de licencia, no se adapta al entorno existente y no cuenta con la autorización autonómica exigible en virtud de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, ya que se sitúa en el ámbito de protección del Convento de los Dominicos, un bien valor artístico y cultural. Por su parte, la APLU ha autorizado el gasto de 145.000 euros para proceder a la demolición de dos edificaciones para servicios hoteleros en el lugar de Pendente, Esteiro, en el municipio coruñés de Muros.
Estas edificaciones, que carecen de licencia municipal y de autorización autonómica, cuentan con una orden de demolición de 2003, confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2007 e inadmisión de recurso de casación en 2009, que declara firme la orden de demolición. Por otra parte, el Consello Executivo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha acordado imponer sanciones por infracciones urbanísticas muy graves, por una parcelación y construcción de viviendas unifamiliares paralelas, situadas en el lugar de Mar de Fora, en el municipio de Fisterra.
El importe de la sanción se eleva a 400.000 euros, que se rebajarían en un 80% si los interesados dan cumplimiento a la orden de demolición. Se trata de unas obras realizadas sin licencia y sin autorización autonómica en suelo rústico de protección de costas, que cuentan con una orden de demolición de octubre de 2010, confirmada en vía judicial.
