Jerez quita el 75% de los complementos salariales por productividad

Las productividades a discreción en el Ayuntamiento de Jerez tienen los días contados. La alcaldesa, María José García Pelayo (PP), ha anunciado la eliminación del 75% de unos complementos que percibe parte de la plantilla municipal sin que se sepa, en la mayoría de los casos, qué trabajo extra se compensa. Estos sobresueldos se incluyen en las nóminas de centenares de empleados de manera sistemática y casi histórica. Desde este mes, la regidora suprime este complemento a 451 trabajadores y lo mantiene para 160 operarios.

Según ha añadido la edil, la medida reducirá este gasto en entre 206.000 euros mensuales y 49.000. El ahorro anual sería de 1,8 millones, cantidad que se suma a los 19 millones que el Consistorio ya ha restado al capítulo de personal. Las productividades que se mantienen serán revisables cada tres meses. “Si el trabajo remunerado ya no existe, el empleado dejará de percibir la productividad”, explica.

Esta medida se incluye en el plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda. A cambio de este y otros recortes, como la eliminación de pluses a la plantilla, el despido de 260 trabajadores, la disminución del 20% en el coste de los servicios públicos o la privatización de la gestión del agua, el Estado da un respiro a Jerez.

Desbloqueo de la PIE

La alcaldesa ha anunciado que Hacienda ha desbloqueado al Ayuntamiento la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), retenida al Consistorio desde 2011 por una deuda con Hacienda y la Seguridad Social de más de 100 millones de euros. Era una medida esperada desde que el ministro Cristóbal Montoro anunció en febrero de 2012 que levantaría la PIE al Consistorio. Finalmente, será desde noviembre cuando el Ayuntamiento recupere entre el 75 y el 100% de estos ingresos, entre 2,5 y 3,4 millones de euros mensuales.

Es una inyección de liquidez que el gobierno local no podrá utilizar a su antojo. El Estado también fija el destino de ese dinero: Hacienda y Seguridad Social, la devolución de un préstamo sindicado que firmó el anterior gobierno socialista para liquidar facturas a acreedores y el pago del préstamo ICO que Pelayo firmó en 2012 para saldar una deuda de 330 millones con proveedores. El Gobierno también ha autorizado a Jerez a sumarse a un tercer préstamo del ICO por valor de 41,8 millones.