Los alcaldes se rebelan contra Ortiz

Sant Vicent rechaza pagar siete millones al promotor por aparcamientos que no rentabiliza Alcoi le multa por falta de mantenimiento en otra obra

Alicante - 02 nov 2013 - 00:14CET

El promotor Enrique Ortiz, en una imagen de archivo.PEPE OLIVARES

La buena estrella del promotor Enrique Ortiz se apaga. El principal imputado en el caso Brugal afronta además de su participar calvario judicial, otro proceso paralelo que le está enfrentado a varios Ayuntamientos disconformes con los proyectos que ejecutaron sus empresas.

La voracidad de Ortiz para los negocios provocó que durante los últimos años acumulara contratas, obras y concesiones sin tener apenas competencia. Sin embargo, ahora diversos Ayuntamientos, y de todo signo político, no solo le recriminan que no cumpliera bien con su trabajo, sino que incluso le exigen dinero por obras inacabadas o por algunas chapuzas y se niegan a pagar las indemnizaciones que exige el promotor.

El último episodio en este rosario de desencuentros se vivió esta semana en el pleno celebrado el miércoles en el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig. La sesión presida por Luisa Pastor, del PP, rechazó pagar al contratista los siete millones de euros que exige por la infrautilización de unos aparcamientos.

Enrique Ortiz construyó dos aparcamientos subterráneos en Sant Vicent del Raspeig, el del Mercado y el del Ayuntamiento, que casi siempre están vacíos, con lo que el negocio es ruinoso. La empresa responsabiliza directamente al Ayuntamiento de la “infrautilización” de estas plazas y reclama más de siete millones de euros al consistorio “para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por la infrautilización” de los estacionamientos.

El empresario critica la pasividad del Ayuntamiento de Sant Vicent para llenar las plazas

Ortiz exige cobrar 3.005.423 euros por el aparcamiento del Mercado, que se adjudicó en 2002 por un periodo de 50 años, y otros 4.425.912 euros por el del Ayuntamiento, que gestiona desde 2008 por un plazo de 35 años. El empresario en su reclamación denuncia la “pasividad o connivencia” del Ayuntamiento con los aparcamientos irregulares o los solares en los que se permite aparcar sin control.

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El Ayuntamiento esgrime sendos informes técnicos para rechazar las demandas del constructor, y recuerda que “las previsiones de ocupación que se han incumplido son las que realizó el concesionario a la hora de su participación como licitador en esta concesión”. El equipo de gobierno considera que “en el caso de no cumplirse las previsiones no es la administración a quien considera asumir las consecuencias negativas”.

Los informes cuestionan la “seriedad” del contratista, y echan en cara a Ortiz que no haya realizado ninguna campaña publicitaria de los aparcamientos. “Ante la ausencia de un mínimo de diligencia en su gestión, no puede pretender trasladar a la Administración la responsabilidad por los nulos efectos, ni por tanto reclamar indemnización por ello”, sentencia el informe elaborado por los técnicos municipales que sirvió de base para que el Ayuntamiento en bloque rechazara pagar los siete millones de euros que reclama el empresario. Este periódico intentó sin éxito contactar con Ortiz para conocer sus argumentos.

Alcoi detectó que se pagaron 1,2 millones al constructor por obras no ejecutadas

De la mano de gobiernos locales del PP Enrique Ortiz fue haciendo negocios que ahora, con el paso del tiempo, le están saliendo caros. Otro ejemplo es en Alcoi, cuando en diciembre de 2008, el Ayuntamiento, presidido por el PP, se comprometió a pagar 2,1 millones de euros a Ortiz por las obras de reforma del Teatro Calderón. Sin embargo, el nuevo gobierno, presidido por alcalde socialista, Antoni Francés, encargó una auditoria y el informe pericial fue concluyente: De esta cantidad 1.245.000 euros no deberían haberse pagado porque o bien no se habían ejecutado las obras o se pagaron por partida doble.

El Ayuntamiento también detectó otro pago de 202.000 correspondiente al equipamiento escénico. Además de este proyecto, el nuevo gobierno municipal confiscó en junio de este año 543.000 euros a una de las empresas de Ortiz por los avales de las obras de construcción del bulevar cuyo proyecto se ha incumplido. Y además, el mismo ayuntamiento sancionó a Ortiz a pagar una multa diaria de 300 euros por la falta de mantenimiento del aparcamiento de la Rosaleda.

Galimatías de pleitos en Benidorm

E. M., Alicante

En Benidorm, el galimatías de pleitos entre Enrique Ortiz y el Ayuntamiento alcanza su cénit. El último pleno desestimó el recurso de reposición presentado por Enrique Ortiz e Hijos Contratistas para evitar pagar 17,5 millones de euros que ofreció al Consistorio como mejora cuando en 2002 se le concedió la urbanización de Armanello, un sector en el que caben más de una veintena de rascacielos de 29 alturas. El promotor repercutió ese dinero a todos los propietarios del suelo en el proyecto de reparcelación, pero el TSJ valenciano declaró ilegal la decisión porque no contaba con su consentimiento de los propietarios, ya que los dueños del terreno de un PAI no tienen la obligación legal de aportar al Ayuntamiento más que el 10% del aprovechamiento que les corresponda, y esa cantidad en metálico lo excedía con creces.

Otro frente abierto son los 320.000 metros que atesora Ortiz junto con otro promotor, Antonio Solana, en El Moralet. El terreno se destinó en el PGOU de 1990 a servicios generales y parque urbano, así que el Ayuntamiento tiene la obligación de expropiarlo pagando en metálico o de compensar al propietario con aprovechamiento en otros sectores urbanizables.

El constructor reclamó por la edificabilidad de El Moralet 47 millones de euros, pero una tasación contradictoria encargada por gobierno local lo valoró en 73.000 euros. El asunto acabó en el Jurado Provincial de Expropiación, que le otorgó un precio de 5,96 millones, lo que no conformó a ninguna de las partes y ahora la discrepancia se dirimirá en el juzgado.

Allí está también investigándose, tras una denuncia del exconcejal de Urbanismo, Jaime Llinares, si Ortiz cobró dos veces por ejecutar dos enormes rotondas de entrada a la ciudad, una a los propietarios de la urbanización de un polígono industrial junto a la N-332 que las incluía en el sector y otra a través de una adjudicación de casi un millón de euros del Plan E.

Y también en Benidorm, el Tribunal Supremo anuló a finales de 2012 la adjudicación de la estación de autobuses a otra empresa de Ortiz. El Ayuntamiento modificó el proyecto y autorizó en 2003, tras la adjudicación, el incremento del área comercial de 500 a 10.000 metros cuadrados y la construcción de un hotel.