La Audiencia juzga a 17 imputados por estafar 22 millones al grupo Asedir

La Audiencia de Gipuzkoa juzgará durante casi un mes, a partir del próximo día 28, a un total de 17 personas acusadas de estafar casi 22 millones de euros al grupo empresarial guipuzcoano Asedir, cuya sociedad de referencia es la mercantil Indaux. El principal acusado, para el que la fiscalía solicita penas que suman 16 años y medio de cárcel, es el director financiero del grupo empresarial, Ramón José A. E., quien, según el escrito de acusación provisional del ministerio público, ideó la presunta estafa junto al inversor Pedro U.U., que se enfrenta a una petición de 13 años y medio de prisión.

El resto de procesados son familiares y personas del entorno y confianza de éste último, quienes se habrían prestado "a recibir en sus cuentas bancarias las cantidades defraudadas" para redirigirlas de nuevo hacia los dos principales acusados, tras retener para sí un porcentaje del dinero trasvasado.

La fiscalía detalla que los hechos, que serán enjuiciados por la Sección Primera de la Audiencia, se desarrollaron entre 2003 y 2007, cuando los dos principales acusados "idearon, planificaron y llevaron a cabo la salida continuada de capitales de las sociedades que integran el Grupo Asedir, sin el consentimiento ni la autorización de los socios propietarios".

De esta forma, presuntamente extrajeron de las cuentas bancarias de las empresas hasta un total de 20.386.719 euros, si bien el perjuicio económico ascendió a casi 22 millones de euros teniendo en cuenta los intereses y gastos de distintos préstamos originados por la operativa fraudulenta de los acusados, así como diferentes viajes cargados a las cuentas de las empresas.

La fiscalía aclara que, para facilitar el vaciado de capital de estas mercantiles y "hacer creer a los socios que las operaciones que realizaba estaban justificadas en la actividad de la empresa y ocultarles su actividad fraudulenta", Ramón José A.E. utilizó distintos artificios contables y simulaciones de negocios en realidad inexistentes. Así, realizó supuestamente traspasos injustificados entre las diversas sociedades del grupo, creando "una sistemática contable opaca", "ocultó el concepto por el que se producían las salidas de fondos ilícitas incluyéndolas en una cuenta de 'partidas pendientes de aplicación", utilizó cuentas puente y obtuvo créditos que no eran necesarios para el funcionamiento de las empresas.

Junto a ello, dispuso el flujo de estas cantidades entre las diversas sociedades del grupo, lo que le permitió "construir y mantener su engaño y dilatar en el tiempo el descubrimiento de sus fraudulentas operaciones". El procesado "logró ir eludiendo la exigencia de responsabilidades por parte de los socios de las mercantiles perjudicadas, ocultándoles la verdadera naturaleza e importes de las cantidades indebidamente dispuestas, haciéndoles creer que los movimientos tenían causa justificada", hasta que la irregularidad de la situación contable hizo que se descubriera la estafa.

Para dar apariencia legítima a las cantidades ilegalmente obtenidas, José Ramón A.E., adquirió participaciones en otras empresas, así como varios vehículos de alta gama, mientras que Pedro U.U invirtió en diversas sociedades y fincas de Costa Rica, además de comprar tres coches. Este encausado liquidó el régimen de bienes gananciales que tenía en su matrimonio con su esposa, también imputada en este caso, con la intención de eludir responsabilidades.

La fiscalía aprecia en este caso distintos delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal y alzamiento de bienes por los que reclama distas penas de prisión y que los acusados compensen al grupo empresarial perjudicado con 21.958.014 euros.