El juez embarga propiedades y productos financieros a la excúpula de la CAM
La medida afecta a los exresponsables Crespo, López Abad, Amorós, Soriano y Sogorb Sobre ellos pesa una fianza de 35 millones impuesta por el magistrado Gómez Bermúdez
El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha embargado pisos, fincas rústicas, automóviles, productos financieros y otros bienes a la antigua cúpula que llevó a la ruina a la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La medida afecta al expresidente Modesto Crespo, a la ex directora general María Dolores Amorós, a su antecesor Roberto López Abad, y a los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
Sobre los cinco pesa desde hace meses una fianza solidaria de 35 millones de euros impuesta por el juez de la Audiencia. El recuento total de propiedades embargadas, adelantado este jueves por el diario Información, parecen quedarse muy lejos de dicha cantidad. Los bienes habían sido señalados por los mismos afectados a requerimiento del juez.
Se trata de once pisos, dos fincas, cuatro plazas de garaje y cuatro automóviles y distintos productos financieros, como acciones, planes de pensiones y bonos del Estado.En concreto, al expresidente de la CAM Modesto Crespo le han sido embargados tres pisos y dos plazas de garaje en Elche, así como 601 acciones de Telefónica.
El juez les acusa de falsear las cuentas para asignarse "suculentos" sueldos y planes de pensiones
A López Abad, un piso en Alicante y otro en Madrid, así como bonos del Tesoro. Y a su sucesora en la dirección general de la entidad, dos pisos y un garaje en San Vicente del Raspeig, cinco cuentas corrientes, bonos del Estado, dos planes de ahorro y otros dos de pensiones.
La fianza tiene como objetivo garantizar el pago de la eventual responsabilidad de todos ellos, imputados por delitos societarios, estafa, y maquinación para alterar el precio de las cosas. El juez señaló entonces que los exgestores se asignaron "suculentos planes de jubilación" así como generosos sueldos y bonificaciones recurriendo para ello al "falseamiento de la auténtica situación patrimonial de la caja" que, de haber sido conocida, los hubiera hecho imposibles.
