El tribunal del ‘caso Malaya’ defiende que la sentencia es “justa”

El tribunal que ha juzgado el caso Malaya entiende que la sentencia que ha dictaminado la existencia de una trama de “corrupción generalizada” en el Ayuntamiento de Marbella durante los últimos años del gilismo es “justa y adecuada” y contempla las máximas “penas legales” que fija el Código Penal para cada delito. Es decir, los magistrados sostienen que han aplicado la ley y, con las pruebas que se presentaron en su día, no podían elevar más los años de condena ni aplicar determinados tipos delictivos.

A su juicio, las expectativas sobre las posibles condenas han sido “muy altas”. “Si se imputa una gran cantidad de delitos y se crean expectativas, puede parecer que la pena es insuficiente”, argumentan fuentes de la sala, en alusión al papel de las acusaciones presentes en el macrosumario. La sentencia de Malaya, hecha pública el pasado 4 de octubre, condena a 52 de los 95 procesados a un total de 131 años de cárcel y al pago de una multa global de 585 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción reclamaba 490 años de prisión y 3.800 millones de euros en multas.

Juan Antonio Roca, el principal acusado y jefe de la trama corrupta, ha sido penado con 11 años de reclusión y una multa de 240 millones de euros. “11 años no es poca pena”, aseguran las personas consultadas, que recuerdan que el exasesor de Urbanismo de Marbella, en prisión desde que fue detenido en marzo de 2006, cumple condena por el caso Saqueo I (seis años y 10 meses) y está pendiente del fallo del Saqueo II, además de tener pendiente otras 30 causas judiciales. Citan también el caso de Julián Muñoz, penado con dos años de reclusión. El exalcalde fue recientemente condenado por blanqueo, junto a Isabel Pantoja, a siete años de cárcel.

De los 95 procesados, 52 han sido condenados a 131 años de cárcel

La postura que defiende el tribunal es que lo que se han juzgado son unos hechos concretos que afectan a un periodo concreto, el del tripartito que encabezaba Marisol Yagüe. O sea, no se ha dictado sentencia sobre toda la etapa del GIL, que se extendió durante 15 años y que también se investiga en otros procedimientos. El fallo de la Audiencia de Málaga sentencia que Roca era quien mandaba en el Ayuntamiento, recibía dinero de los promotores y tenía “en nómina” a los concejales condenados, aunque no se han podido concretar los hechos por los que recibieron ese dinero. Por eso se ha aplicado un tipo de cohecho que fija un máximo de dos años de prisión.

Para los empresarios, el tope estaba en un año. Las penas por este delito se agravaron en la reforma del Código Penal de 2010, pero en el tiempo en que ocurrieron los hechos de Marbella eran más leves.

La sentencia acuerda que los bienes decomisados y las posibles multas recaudadas en el caso puedan revertir en las arcas de Marbella para hacer frente a la deuda con la Seguridad Social y Hacienda (actualmente de unos 245 millones de euros) engordada durante años. Según el tribunal, si este punto no es impugnado por ninguna parte, puede ser confirmado por el Supremo y sería efectivo. “La corrupción era real y estaba institucionalizada (…) Por eso hay que resarcir al pueblo de Marbella”, concluyen las fuentes.

La resolución judicial decreta el embargo de dinero en metálico y de cuentas bancarias (principalmente, 480.000 euros de Roca y 376.000 euros intervenidos a la exedil Isabel García Marcos); de fincas e inmuebles repartidos en 15 municipios; una colección de carruajes y otra de coches de época y decenas de obras de arte. Las multas ascienden a 585 millones de euros. Aunque por ley ingresarían en las arcas del Estado, el fallo deja abierta la puerta a que una parte sirva para saldar la deuda de Marbella.